El Gobierno nacional autorizó un incremento del 40% de la verificación que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial realiza anualmente a los surtidores de combustible, pese a que rige un congelamiento de precios tras la mega devaluación de agosto.
El procedimiento es obligatorio para el funcionamiento de las Estaciones, por lo que la decisión del Ejecutivo podría dinamitar el acuerdo que trazó el Ministerio de Producción con las Estaciones para congelar tarifas hasta diciembre.
Lo llamativo es que el último ajuste había sido en diciembre del 2018 y fue del orden del 20%, es decir que duplicó el valor del procedimiento en 8 meses con una inflación cercana al 20%.
Por ello, desde la oposición cuestionaron la falta de voluntad política del gobierno de Macri para sostener el acuerdo antiinflacionario con las terminales de combustibles, que, de romperse, trasladaría la suba impuesta por el Ejecutivo en el precio final, impactando nuevamente en el bolsillo de los usuarios.
Desde el portal que nuclea a las Estaciones de Servicio manifestaron su malestar porque el aumento “representa una suba de 15 puntos por arriba de la inflación”.
Un procedimiento a cargo del INTI
La suba del arancel por el procedimiento que realiza el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) corresponde a la verificación anual de surtidores de combustibles líquidos, una obligación indispensable para el funcionamiento de cualquier Estación de Servicio instalada en el país.
El control tiene como objetivo principal asegurar que los usuarios carguen la cantidad exacta de nafta o gasoil que se lee en el indicador. Para ello, los inspectores colocan estampillas en los surtidores, lo que garantiza al consumidor la idoneidad con la que mide el equipo y, al mismo tiempo, brinda respaldo a la actividad que llevan adelante los expendedores.
Según detallaron desde el organismo, el actual valor del procedimiento en fecha propuesta por el INTI y cuando se trata de Estaciones de Servicio con hasta 12 mangueras es de $ 923; con más de 12 mangueras, $ 1168 y con programación solicitada por el usuario, $ 1666.
El último ajuste había sido en diciembre del año pasado y fue del orden del 20 por ciento. Sin embargo y pese al congelamiento de los precios al público y que la inflación hasta el mes de julio acumuló 25.1 por ciento, el aumento totaliza 40 por ciento.
Un arancel cuestionado
Algunas entidades empresarias objetan el cobro de la tasa a la que no dudan de tildar de “ilegal”.
Una de ellas, la Federación de Entidades de Combustibles, solicitó a las autoridades del INTI que considere “la manifiesta ilegitimidad de dicha medida, y del evidente perjuicio que la misma ocasiona a los expendedores minoristas de combustibles líquidos”.
Justifica sus dichos en que “si bien la norma legal implicada en el caso, es decir la Ley 19.511, en su art. 28 inc. 9 establece que la autoridad de aplicación propondrá tasas y aranceles en retribución de los servicios a su cargo, dicha atribución, obviamente, no faculta al INTI a disponer la aplicación de tales gravámenes, pues los mismos, como tributo, solo pueden ser establecidos por normas emanadas del Congreso de la Nación”.
