En 2018 una mpresa tercerizada contratada por el gobierno de la Provincia de Córdoba manipuló una sustancia cancerígena en la Escuela Garzón Agulla y desde allí comenzó una controversia entre la Escuela, las autoridades ministeriales, el INTI y las familias de los estudiantes.
Si bien desde el ministerio de Educación se niegan a suspender las clases y se amparan en un estudio del INTI que niega “peligrosidad” para volver a las aulas sin peligro para la salud, los estudiantes no asisten.
El abogado patrocinante de las familias de estudiantes, por su parte, presentó una impugnación de los peritajes oficiales. El experto de los demandantes concluyó que hubo coexistencia con fuentes contaminantes.
El informe científico que no da tranquilidad
La preocupación de los familiares inició el año pasado, cuando se llegó a suspender las clases en el establecimiento por la detección de asbesto en zonas de subsuelo.
Y aumentó ante lo que consideran una falta de respuestas por parte de la Justicia sobre la investigación que busca determinar la contaminación en las instalaciones.
El abogado patrocinante, Germán Matheu, presentó el 29 de julio una solicitud para que se practique un nuevo peritaje oficial y rechazó los resultados del anterior. Al respecto, el abogado querellante, Carlos Matheu, explicó, en diálogo con el medio La Voz del Interior, que la medida se llevó a cabo ante la “insuficiencia” y las “contradicciones” que presentaría “siempre según su punto de vista” el informe de los peritos oficiales.
“Si bien la información que brinda no es opuesta a la que obtuvimos con el informe de nuestro perito, el problema es que el escrito no da respuestas, a pesar de que los técnicos tuvieron a su disposición todos los elementos probatorios. Lo que queremos saber es si existió o no exposición de los alumnos a los filamentos de asbestos”, explicó Carlos Matheu.
El texto presentado ante la Fiscalía de Distrito 3, Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, solicita que se designen como peritos oficiales, para una nueva prueba, a un ingeniero inscripto en el Registro de Expertos en Asbesto y a un médico especialista en neumonología que se desempeñe como docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
“Está probado que hay asbesto y que se cortó un caño. Había que establecer qué circulación tuvo en el subsuelo”, sostuvo el abogado. Y volvió a señalar que “luego de que se retirara el material, dejaron todo el residuo en bolsas de consorcio sin sellar, aumentando la peligrosidad”.
La posición del Ministerio de Educación
Desde el Ministerio de Educación declararon que “son respetuosos del tiempo de la Justicia” y que, “hasta que no se expida, no habrá una resolución distinta por parte de la cartera de Educación”. Para continuar con el dictado de clases, toman como válido el informe solicitado al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti).
“El informe dio resultados favorables, indicando que no existe una cantidad de ese elemento que implique un riesgo para la salud”, expresaron desde Educación.
La comunidad de padres planteó que el informe que entregaron los peritos convocados por la fiscalía no respondió las inquietudes planteadas a la Justicia.
“Teníamos preguntas realizadas a los peritos y en el informe no están las respuestas. Por otra parte, el perito que nosotros aportamos plantea que toda la comunidad educativa estuvo expuesta al peligro de la contaminación”, expresó una de las voceras.
Raúl Montenegro, el perito que actuó a pedido de los demandantes, señaló que “coexistieron fuentes de contaminación por asbesto y miembros expuestos de la comunidad educativa”. “En el colegio se produjeron dos extracciones irregulares de material de asbesto”, añadió en el trabajo.
Fuente: La Voz del Interior.
