El comienzo de la segunda mitad del año acelera discusiones y debates en el ecosistema del Congreso Nacional, teniendo en cuenta que la Ley de Presupuesto para el año siguiente comienza a hacerse más visible, según los parámetros de toda índole que se proyectan.
Es que para septiembre, el Ejecutivo tendrá que enviar la propuesta de Ley de Presupuesto, la ley de leyes, para el año 2022, y allí entrará en juego, por primera vez, la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología, que define porcentajes presupuestarios obligatorios y progresivos para los organismos que conforman la Función Ciencia y Técnica.
Es decir, que la Ley de Presupuesto 2022 deberá incorporar esas pautas, como ejes rectores para fortalecer el sistema científico y tecnológico y llevar, en el plazo de once años, la inversión pública hasta el 1% del Producto Bruto Interno (PBI).
De cara a la implementación de la norma, una de las autoras, la diputada por la provincia de Buenos Aires, Claudia Bernazza, convocó a los legisladores del bloque del Frente de Todos, en un encuentro virtual con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, para abordar aspectos de la reglamentación e implementación de la Ley 27.614.
Es que la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentada de manera conjunta por Bernazza y por el diputado José Luis Riccardo (UCR-JxC), fue aprobada el 25 de febrero de 2021, promulgada en marzo y reglamentada, mediante un DNU, en mayo.
Por eso, la actividad, promovida por la Diputada Claudia Bernazza, Vicepresidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la cámara baja, buscó afinar detalles de la instrumentación de la norma.
Los ejes del debate
Los legisladores verificaron los porcentajes del PBI, y definieron que cada año se incluirá un detalle de las asignaciones por finalidades y funciones en el Mensaje de Elevación que acompaña el Proyecto de Ley de Presupuesto.
Además, determinaron que se creará un “Programa de Promoción Federal de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” para ejecutar el 20% (como mínimo) del incremento anual destinado a la federalización.
Las preguntas y el intercambio se centraron en el significativo incremento del presupuesto nacional y su impacto directo en el desarrollo y fortalecimiento del sistema de CTI en todo el territorio del país, y muy especialmente en el Art. 8º- Federalización.
Los diputados presentes (que en su mayoría miembros de la mencionada comisión) hicieron referencia a la situación en sus territorios y el Ministro se explayó sobre las características del “Programa de Promoción Federal de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” a través del cual se ejecutarán los fondos.
Las asignaciones se distribuirán con la asistencia del COFECyT (Consejo Federal de Ciencia y Tecnología), coordinado a través de la Subsecretaría de Federalización y sin perjuicio de otros créditos para la implementación de políticas federales en las Provincias y CABA.
Los fondos del COFECyT superarán los 700 millones de pesos. A eso se sumarán los 12 mil millones de pesos para 2022, y en cuanto a su distribución, se destinará a reducir asimetrías entre las provincias.
¿Qué se financia con la ley?
El proyecto plantea el escalonamiento de la inversión en la Función Ciencia y Técnica, hasta el 1% del PBI en 2032. La Función Ciencia y Técnica se encuentra integrada en la Finalidad “Servicios Sociales”, del Presupuesto Nacional, y engloba a 16 organismos científicos y tecnológicos, distribuidos en nueve ministerios.
Esos 16 organismos son una parte (la mitad) del total de lo que representa el sector de ciencia y tecnología nacional. Es decir que la Función Ciencia y Técnica representa aproximadamente el 50% de toda la inversión de ciencia y técnica que hace la Argentina.
En ese espectro más amplio, que esta ley no alcanza (pero si impacta), está la inversión que realizan las empresas privadas, por ejemplo, y los cargos de dedicación exclusiva de las universidades.
La Ley, por tanto, plantea incentivar con inversión en un área específica y considerable alcanzada por el sector público, para generar una sinergia en ese resto del sistema científico y tecnológico, pero también en el productivo.
“El objetivo fundamental es establecer un incremento progresivo, constante y sostenido en el tiempo destinado a la Función Ciencia y Técnica por la capacidad estratégica que tiene esta política pública en el desarrollo social, económico y ambiental de la Argentina”, aseguró José Luis Riccardo durante la presentación de la iniciativa en la Comisión de Hacienda.
1% hasta el 2032
Si bien no puede afirmarse que sea un proyecto ambicioso en términos presupuestarios si la escala se compara con los países que iniciaron esta carrera hace muchas décdadas atrás, como Israel o Corea del Sur, que invierten en cifras cercanas al 4% del PBI, el dato concreto es que en Argentina la inversión en el sector nunca superó el 0,35%.
Hoy la inversión que realiza Argentina para la Función Ciencia y Técnica, se encuentra en el 0,25% del PBI, (en su mejor época, durante el kirchnerismo alcanzó el 0,35% del PBI) por lo que la iniciativa plantea cuadruplicar la asignación a lo largo de once años, con una cláusula que impide que los recursos año a año sean menores que el año anterior.
En 2012 la inversión total en I+D (pública a nivel nacional y provincial + la inversión privada) alcanzó el 0,63%, monto más alto de la historia.
La tabla de inversión del nuevo proyecto:
2021: 0,28% del PBI
2022: 0,31% del PBI
2023: 0,34% del PBI
2024: 0,39% del PBI
2025: 0,45% del PBI
2026: 0,52% del PBI
2027: 0,59% del PBI
2028: 0,68% del PBI
2029: 0,78% del PBI
2030: 0,90% del PBI
2031: 0,95% del PBI
2032: 1% del PBI
16 organismos científicos y tecnológicos
La iniciativa beneficiaría a todos los organismos de ciencia y tecnología que integran la Función y Técnica y que se distribuyen entre 9 ministerios: La Fundación Miguel Lillo, CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR), la Administración Nacional de Laboratorios (ANLIS), el Servicio Hidrográfico Naval (SHN), el Centro de Investigación en Tecnologías para la Defensa (CITEDEF), el área de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el Instituto Antártico Argentino (IAA).
El proyecto se plantea como base de consistencia en financiamiento para la Ley 25467, de Ciencia, Tecnología e Innovación e Innovación productiva, para el corto, mediano y largo plazo.
