El investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y director del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), Rolando González José, se refirió a al rechazo que tuvo el proyecto de megaminería en la provincia.
La iniciativa era impulsada por el gobernador Mariano Arcioni, y contaba, incluso, con la validación de otro organismo científico y tecnológico, el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR), pero el máximo organismo de ciencia del país, a través del CENPAT, se opuso al proyecto.
Desde el mes de noviembre comenzó un amplio debate en la provincia, cuando el Poder Ejecutivo provincial envió a la legislatura el proyecto de Ley 128/20 que proponía una zonificación minera en la meseta central de la provincia.
“Lo que propone rompe la tradición y altera la ley vigente que impide este tipo de actividades en la provincia”, aseguró el investigador y dijo que “una de las críticas al proyecto de ley es que no tenga un anexo que explique que tecnologías están permitidas, y cuáles no”.
“Esto deja en el aires aspectos fundamentales para que pueda haber una opinión desde el punto de vista técnico”, dijo Rolando González-José y enfatizó que en el CENPAT, uno de los centros científicos y tecnológicos con mayor trayectoria del país, con más de 60 años, existen grupos de científicos consolidados que investigan la gestión de las cuencas hídricas.
“Lo que destacan fuertemente es que el proyecto de ley no contempla un escenario de cambio climático global que estamos viviendo, lo estamos estudiando y está ocurriendo en este momento, lo que es preocupante para Chubut y para la región patagónica en función de la disminución de las reservas hídricas que vamos a tener en los próximos años”, explicó el investigador.
En diálogo con Radio Ensamble, González-José manifestó que “en una situación ya de por si preocupante en cuanto al estrés y la vulnerabilidad hídrica que tiene Chubut, se suma un factor de riesgo muy importane que es la megaminería”
“Cualquier actividad antrópica va a tener un impacto ambiental”, dijo González-José, y agregó que “lo que hay que ver es si ese impacto en la relación costo-beneficio, es aceptable”.
El investigador elogió la forma en que Bolivia gestionó sus proyectos mineros: “En Bolivia las comunidades están en los directorios de las empresas, las empresas son estatales, los organismos de contralor tienen en su gobernanza a las comunidades originarias, el Estado es el principal inversor, se busca cerrar circuitos tecnológicos con el mineral extraido, pero acá este modelo que se plantea aquí no está contemplando esos aspectos”.
“En el fondo lo que se está discutiendo es que modelo productivo los países latinoamericanos quieren llevar adelante, la presencia del estado, la incorporación de ciencia y tecnología a la matriz productiva”, dijo y consideró que “este proyecto tiene reminiscencias de menemismo, el Estado que se plantea es un Estado frágil, los organismos de contralor no tienen el acompañamiento de la sociedad”.
