El jueves se conoció una entrevista en la que el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) habló sobre el proyecto SPRINT, a través del cual la científica Virginia Aparicio detectó agroquímicos presentes en sangre, en especies y en el ambiente en altos niveles.
Durante la entrevista para el medio AgroSitio, dijo que Aparicio “bastardeó los procesos de investigación en el INTA“, y defendió su exoneración. Ayer en Diputados, la directora internacional del Proyecto Sprint, Violette Geissen, lo contradijo y sostuvo que “Virginia hizo un trabajo estupendo”.
Expulsada del INTA por detectar agroquímicos en personas
La exoneración de la trabajadora del INTA Balcarce, Virginia Aparicio, vinculada a su rol de coordinadora del proyecto Sprint, llegó al Congreso de la Nación este viernes con una audiencia convocada por la diputada Romina del Plá y expositores: participó la propia directora del proyecto internacional, Violette Geissen, y el ex director del INTA, Héctor Espina, quienes expusieron contradicciones de la institución y los intereses en juego. El mensaje de la exoneración para quienes hacen ciencia también fue el foco del debate.
Aparicio, investigadora del INTA Balcarce, recibió la gravísima sanción del despido de su cargo y la exoneración de la administración pública nacional tras un sumario cuestionado y vinculado estrechamente a su participación como coordinadora del proyecto Sprint al que el propio INTA había decidido sumarse para analizar la presencia y el impacto de las mezclas de agroquímicos a ambientes y personas expuestas a ellos, aunque tres años después se dio de baja.
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Disciplinamiento y persecución en el INTA
Rápidamente, lo que diversos sectores califican de persecución y disciplinamiento a la ciencia, empezó a ser visibilizado y esta semana llegó a la jornada convocada por diputados en el Congreso titulada “No a la exoneración de Virginia Aparicio. En defensa del derecho a investigar”.
En el inicio de su exposición ante los diputados de la izquierda y del peronismo presentes, Aparicio remarcó que parte de los objetivos del proyecto Sprint, además de medir en diez países cómo están expuestas las personas y el ambiente a los agroquímicos, pasaban por impulsar “prácticas agropecuarias que reduzcan la dependencia del uso de agroquímicos“. En ese marco, subrayó que la participación del INTA en este proyecto -avalado por sus propios directores del momento mediante un convenio de cooperación- lo “prestigiaba”.
Asimismo, Virginia Aparicio recalcó que la metodología de la investigación siguió los protocolos consensuados por el propio consorcio del proyecto Sprint y que los resultados de los muestreos arrojaron la presencia de mezclas de plaguicidas en todas las muestras tomadas: “Esta información es importante para comprender los riesgos de la exposición a plaguicidas en forma crónica, que es la menos estudiada en el sistema científico”, afirmó.
“A partir del 2023, las decisiones institucionales de INTA afectaron nuestra continuidad en el proyecto y la posibilidad de comunicar los resultados a quienes habían participado. Y el Consejo Directivo finalmente resolvió mi exoneración, que es la máxima sanción que puede recibir una trabajadora de la administración pública nacional”, sintetizó.
Una sanción “injusta y desproporcionada”
Sin ahondar en cuestiones administrativas específicas respecto del sumario, recalcó que considera la sanción como “injusta y desproporcionada” y cuestionó que su “participación en una investigación científica internacional haya desembocado en una sanción de semejante magnitud”.
En esa línea, lamentó que durante más de 20 años trabajó para INTA y le dedicó gran parte de su vida profesional: “Hoy, esa trayectoria, mi trabajo y mi estabilidad laboral desaparecieron. Podría afirmar que la decisión de INTA me quitó la identidad científica en el ámbito público nacional. Pero no pueden quitarme mi título, ni mi trayectoria, ni borrar mis publicaciones. Tampoco me quitan las ganas de investigar ni de transmitir la verdad científica”, advirtió.
Pero también alertó por el intento de disciplinamiento que puede haber significado su expulsión: “Las consecuencias que tiene la decisión de INTA trasciende a lo profesional, afectan a mi vida personal, a mi familia y a la posibilidad de seguir haciendo aquello para lo que me formé en la universidad pública y a lo que dediqué tantos años de mi vida. Hoy soy una desempleada pero hay algo que me preocupa más, el mensaje que reciben los investigadores de las instituciones pública cuando el desarrollo de una investigación sobre una problemática ambiental y sanitaria termina vinculada a una sanción de esta gravedad. ¿Qué garantía tenemos?”, se preguntó al tiempo que adelantó que busca volver a ser parte del INTA.
“Virginia hizo un trabajo estupendo”
Entre los oradores estuvo la propia científica alemana que lideró a nivel internacional el proyecto Sprint, Violette Geissen. En su alocución, expresó su acompañamiento a Virginia Aparicio y ratificó la seriedad de la investigación y también la selección del INTA y a Argentina como país elegible para participar.
Sin embargo, también marcó las propias contradicciones del INTA respecto a su posicionamiento frente al proyecto: “En 2023 el INTA me pidió que se baje a INTA del proyecto. La motivación de dicha decisión, según la carta que nos envió el INTA, era la preocupación por el hecho de que algunas actividades realizadas podrían haber excedido el alcance de las competencias y facultades de la institución y estar afectando seriamente a otros organismos específicos de nuestro país”.
Geissen, sin embargo, advirtió que todas las actividades mencionadas estaban avaladas por el contrato de adhesión que el propio INTA había firmado en 2020.
Y frente a los resultados, aseguró que Sprint pudo demostrar que las regulaciones actuales, al menos en la Unión Europea, “no pueden evitar el riesgo ni para el medio ambiente ni para los seres humanos expuestos a estos plaguicidas”, y que por ello postulan “la transición y una reforma a la regulación para reducir los riesgos para el medio ambiente y los seres humanos”.
Por último, señaló: “Virginia Aparicio hizo su trabajo estupendo“, y sumó: “Espero que Virginia tenga la posibilidad de continuar su trabajo como investigadora de excelencia“.
La palabra de Héctor Espina
Como parte de la jornada, también hablaron diputados que presentaron proyectos en la cámara al respecto, investigadores del Conicet, científicos independientes, productores voluntarios como Esteban González Sugasti, vecinos de la asamblea Paren de Fumigarnos, e incluso un exdirector nacional del INTA que fue más que contundente.
Héctor Espina ofició como director nacional del INTA entre 2015 y 2019, y reconoció que ya al preparar la postulación para ser parte del proyecto podían prever que, de concretarse, el mismo iba a “incomodar” a algunas líneas dentro del INTA.
También explicó que la primera etapa del Sprint apuntaba a detectar la presencia de mezclas de agroquímicos en los muestreos y que recién en una segunda etapa se pasarían evaluar los médicos en la salud de esas combinaciones, pero lamentó que esa segunda etapa nunca se pudo concretar a nivel local por la salida “intempestiva” del INTA del proyecto en 2023.
Además, apuntó contra directores del INTA al momento de la baja del proyecto y mencionó: “Esta persecución comienza en los últimos dos años del gobierno anterior, cuando en el INTA estaba Mariano Garmendia y Graciela Muñoz, dos compañeros que parecían de avanzada pero que lamentablemente se transformaron en voceros de la Mesa de Enlace que está presente en el consejo directivo del INTA y que es el común denominador político de la institución”, denunció
Puntualmente, Espina hizo referencia a quienes forman parte del directorio de la institución a través de representantes de grandes productores como la Federación Agraria o la Sociedad Rural y que forman parte también la Mesa de Enlace en la que se agremian para defender los intereses de ese sector concentrado agropecuario. “El 64% de los productores del país son agricultores familiares que ni están representados en el INTA”, comparó.
Las acusaciones del INTA
En esa línea, rebatió los argumentos y las acusaciones contra Aparicio por, por ejemplo, malversación de fondos. Así, señaló que el envío de las muestras a Europa para analizar los principios activos en el laboratorio acordado era “conveniente” para la ciencia y que el costo de ese envío, de unos 3 millones de pesos, se costeaba con el dinero que el proyecto había proveído al INTA. “La acusan de usar fondos indebidamente cuando en realidad fue un acuerdo total“, acusó.
También cuestionó el sumario administrativo del INTA al acusar que los testigos que había propuesto Aparicio -entre ellos, la propia Geissen y él mismo- no pudieron comparecer ante los responsables del proceso administrativo que terminó con su exoneración.
“No tuvo oportunidad de defensa”, lamentó y describió que entre los insólitos motivos por los que rechazaron los testigos propuestos se encontraba el no haber consignado el teléfono del propio Espina, quien había sido director nacional de la institución durante cuatro años y estuvo tres décadas en el INTA hasta su jubilación.
Por último, manifestó su apoyo a Virginia Aparicio y sumó: “Está en juego la posibilidad de que la ciencia estudie distintos modelos productivos“.
