Mario Bolla, el abogado de la científica e Ingeniera Agrónoma, Virginia Aparicio, quien fue exonerada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por investigar y difundir los resultados de su investigación sobre el impacto de los agroquímicos en la salud, el ambiente y en las especies del país, apelará la medida definida por el Consejo Directivo del organismo de ciencia.
El Consejo Directivo del INTA, presidido por Nicolás Bronzovich, ordenó la exoneración de Virginia Aparicio, la mayor investigadora en agrotóxicos de la institución.
Con una causa armada, el organismo le imputan “faltas administrativas” en el manejo del proyecto Sprint, que documentó la presencia de plaguicidas en el cuerpo y el ambiente.
Su abogado, Mario Bolla, asegura que la decisión “no tiene pies ni cabeza” y asegura que será revertida en el Poder Judicial. Bolla dimensiona el castigo contra la investigadora como una respuesta al interés de las empresas y pooles del agronegocio.
Exoneración contra Aparicio
Así, con el aval de Bronzovich —miembro de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y de la Sociedad Rural de Balcarce—, el INTA exoneró a la investigadora Virginia Aparicio, la mayor especialista de la institución en estudios sobre el impacto de los agroquímicos.
Lo hizo a través de la Resolución 366, en la que le adjudica cuatro faltas administrativas graves a Ley de Empleo Público durante la coordinación del proyecto Sprint —con el que se documentó la presencia de plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas—. La resolución deja a Aparicio fuera de su cargo en el INTA-Balcarce, a pesar de reconocer que la investigadora realizó sus tareas, no obtuvo beneficios económicos ni contaba con antecedentes disciplinarios.
“Virginia está fuerte”, asegura su abogado Mario Bolla en diálogo con el medio “Tierra Viva”, y explica que se agotará la vía administrativa y luego se irá por vía judicial para revertir los cargos contra la investigadora que “se caen por su propio peso”.
“Si se reconocían los resultados del proyecto Sprint no había que prohibir necesariamente el uso del glifosato, lo que se pretendía estudiar era ver cómo incide en contacto con otras sustancias como la Atrazina, que en Argentina se continúa utilizando pero está prohibida en Europa, Uruguay y Brasil”, señala Bolla sobre los intereses detrás de la persecución y ejemplifica: “Bayer compró a Monsanto por 66 mil millones de dólares, como para dimensionar la plata que hay detrás de todo esto”. “Los pequeños agricultores podrían ir hacia un cambio de modelo agropecuario, pero detrás de esto están los intereses de los pooles de siembra que quieran más rendimiento y más uso de agroquímicos”, concluye.
Rechazo a la decisión del INTA
En las próximas semanas, mientras se canaliza un recurso administrativo de reconsideración, Aparicio continuará yendo a ocupar su oficina en el INTA-Balcarce, donde, como contó Tierra Viva, es sometida a un proceso de aislamiento por parte de las autoridades desde inicios de 2025, cuando comenzó el proceso administrativo de exoneración. La resolución 366 será recurrida ante el propio Consejo Directivo del INTA, que deberá ratificar su decisión y elevarla para la firma del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.
Iraeta se define como “empresario” del agro y tiene una silla en el consejo que ya votó la exoneración, representada por María Inés Amuchástegui. También tienen su lugar allí las organizaciones de la Mesa de Enlace y las facultades de Agronomía y Veterinaria.
Si Iraeta ratifica la exoneración a pesar de los repudios sindicales, académicos y populares, el paso siguiente para la investigadora y su defensor será ir vía judicial con un pedido. “Vamos a ir a la justicia federal para que un juez revise lo absurdo e irregular de todo el procedimiento, lo arbitrario de los argumentos, y solicitaremos la nulidad de lo actuado por vía administrativa y una cautelar para que la restituyan en su cargo”, señala Bolla.
Amparo contra la decisión del INTA
La exoneración —la más grave de todas las sanciones administrativas—, dejaría a Aparicio no solo fuera de su cargo en el INTA sino también de su carrera como investigadora del Conicet y de cargos en universidades públicas nacionales. Solo podría ejercer cargos privados o provinciales.
“La resolución no tiene pie ni cabeza. Administrativamente van a mantener el criterio, pero en el Poder Judicial, cualquier juez medianamente inteligente lo leé y dice: ‘¿Dónde está el perjuicio?’”, sostiene Bolla y advierte que la enumeración hecha en la propia resolución no son ni más ni menos que atenuantes que, arbitrariamente, no fueron tenidas en cuenta para evitar la exoneración. De más de una decena de intianos sumariados en el inicio del proceso solo Aparicio, Quiroz y Eduardo de Gerónimo, su sanción fue de 25 días, diez días más que el director de la EEA-Balcarce.
Por último, a pesar de reconocer la “ausencia de beneficio económico acreditado”, la resolución deja abierta una amenaza sobre Aparicio al solicitar a la dirección nacional del INTA enviar el sumario a la Oficina Anticorrupción y revisar el estado del acuerdo con el proyecto Sprint para revisar la posibilidad de abrir un “procedimiento de responsabilidad patrimonial” de acuerdo a la Ley de Administración Financiera.
“Estamos totalmente seguros, no hubo desmanejo de fondos, está todo auditado. El perjuicio patrimonial que pudo ocurrir se lo causó la dirigencia del INTA cuando decidió salir repentinamente del Sprint con fondos ya acreditados”, asegura Bolla.
Repudio a la exoneración de la investigadora Virginia Aparicio
La comunidad científica y académica salió a repudiar la exoneración de Aparicio, desde la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología.
“Expresamos nuestro rechazo a la exoneración de Virginia Aparicio de su cargo como investigadora del CONICET en el INTA, lo que trasciende la situación individual de la investigadora y plantea interrogantes sobre las condiciones en las que se produce conocimiento científico y tecnológico en nuestro país”, señalaron desde el espacio que reúne especialistas, técnicos y referentes académicos y científicos del país.
“Ante las razones expuestas en la resolución, consideramos especialmente preocupante que se haya aplicado la máxima sanción disciplinaria, pese a la ausencia de antecedentes previos y sin que se haya acreditado un beneficio económico personal ni un perjuicio patrimonial cuantificado. La gravedad de una medida de estas características exige una fundamentación sólida, transparente y proporcional”, apuntaron en un comunicado.
“Lo que está en discusión no es solamente una sanción personal, sino también qué ciencia queremos y bajo qué condiciones puede desarrollarse. Una ciencia y tecnología públicas capaces de producir conocimiento independiente, y aportar evidencia sobre problemas que afectan a la sociedad requiere instituciones que protejan la libertad de investigación y no generen condiciones de disciplinamiento”, señalaron.
En un contexto de creciente debilitamiento del sistema científico y tecnológico argentino, decisiones de esta naturaleza adquieren una dimensión política aún mayor. El riesgo de instalar mecanismos de autocensura o desalentar investigaciones que cuestionen intereses establecidos constituye una amenaza tanto para la libertad de investigación y la producción de conocimiento crítico como para el papel de la ciencia y la tecnología en una sociedad democrática.
