Desde el Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar (FUNAF), emitieron un comunicado en el que reclamaron al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) la restitución de los Institutos de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (IPAF) de las regiones NEA, Cuyo y Patagonia.
Se trata de los institutos que, durante la gestión de Juan Balbín (2016-2019) fueron desmantelados, junto a otras 25 Agencias de Extensión Rural (AER) y a dos institutos dedicados a estudios sobre políticas públicas, economía y ciencias sociales dentro del INTA.
El documento de la FUNAF pide que tres de esos institutos sean devueltos al ámbito del CIPAF-INTA, con la jerarquía que tuvieran antes de ser reducidos a Áreas de investigación de Centros Regionales, mediante la Resolución 326/2019 del 28 de marzo de 2019 del Consejo Directivo de la Institución.
“La creación del CIPAF y de los Institutos de Investigación regionales especializados en la generación de tecnologías y conocimientos para la Agricultura Familiar, significó un avance importante en el reconocimiento del sector por parte del Estado”, explicaron desde la FUNAF.
Desde el Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, que reúne a más de 50 universidades del país, explicaron que esos centros desmantelados permitieron “la implementación de políticas públicas específicas, constituyéndo al INTA en un organismo modelo, reconocido más allá de nuestras fronteras, en materia de innovación institucional orientada a la investigación tecnológica para la producción familiar”.
Es que los cinco Institutos regionales, con sus funciones originales, constituyeron desde su creación un espacio de acción y compromiso, mediante el impulso y desarrollo de la investigación y el desarrollo tecnológico participativos orientados a las necesidades y voluntades de los productores familiares y adecuadas a diferentes realidades agroecológicas y económico sociales.
En tal sentido, desde la FUNAF rechazaron la reestructuración que reubicó e hizo perder funciones y presupuesto de los IPAF, en 2019. “En aquel momento, expresábamos que la decisión del Consejo Directivo, tomada sin mediar consulta previa con los referentes institucionales del CIPAF y los Centros Regionales que deberían absorber las estructuras que se pretendían reordenar, ponía en riesgo el aporte imprescindible del INTA a la generación de conocimiento y tecnologías orientadas a diferentes sectores sociales de la producción agropecuaria”, recordaron las universidades.
Por eso, pidieron que, “frente a la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria resulta imperativo fortalecer un proyecto que tiene a la Agricultura Familiar como sujeto estratégico, agilizando las acciones que permitan jerarquizar y restituir funciones a aquellos organismos con capacidades de intervención en el sector”.
Es que la Agricultura Familiar cumple un rol protagónico en la matriz socioeconómica nacional y de los territorios rurales a través de la producción de alimentos para el mercado local, sobre todo en mercados de proximidad.
Existen en el país alrededor de 220.000 unidades de producción familiares que representan el 66% de las explotaciones agropecuarias en tan sólo el 13% de las tierras productivas disponibles, el 20% del valor bruto de la producción y el 54% del empleo rural.
En tal sentido, aseguraron que “desde marzo 2020, la crisis planetaria de la pandemia del COVID19 puso en evidencia la importancia de la Agricultura Familiar para el abastecimiento de alimentos a la totalidad de la población.
