El Secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, se presentó en la Cámara de Diputados y defendió el proyecto de Presupuesto 2027 del Gobierno en el que ya hay estimado un ajuste del 35% sobre las 61 universidades nacionales.
Es que el Consejo Interuniversitario (CIN) diseñó un presupuesto en el que plantean la necesidad de contar con 11 billones para cubrir los gastos de funcionamiento, salarios de docentes y nodocentes, becas e investigación.
Un ajuste del 34% para 2027
Sin embargo, el gobierno pretende asignarles apenas 7.3 billones, un 34% menos de lo solicitado por los rectores y rectoras.
Torrendell participó de la jornada en la que el bloque de legisladores de La Libertad Avanza rechazó la participación de los gremios universitarios, los rectores y los estudiantes.
“La defensa de la universidad pública exige rigurosidad y una insustituible transparencia institucional, cuya garantía constituye un deber compartido”, planteó Torrendell.
Las auditorías en las universidades, en la mira del Gobierno
El secretario de Educación dijo que “las autoridades universitarias tienen la obligación de asegurarla ante sus estudiantes y a la sociedad argentina, y el Estado tiene la obligación de relevar información, auditar y asegurar la rendición de cuentas”.
“La autonomía no está en discusión, lo que exigimos es gestión responsable y transparencia”, añadió, para luego asegurar que “en el proyecto de presupuesto del 2027, las transferencias a universidades nacionales representan el 3.88 del gasto total de la Administración Pública Nacional”, dijo Torrendell.
Torrendell llamó casta a los rectores
Para concluir, el Secretario de Educación reflexionó que “en la educación básica estamos demostrando que es posible liderar desde la Nación, junto con las provincias, la mejora de los aprendizajes con metas claras y un gasto responsable e inteligente, donde las brechas se achican; eso es un verdadero acuerdo nacional para el cambio”.
“En el ámbito universitario, en cambio, una dirigencia aislada solo acuerda para pedir más recursos. No se compromete con un cambio de paradigma que beneficie a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores y al personal administrativo. Es un acuerdo corporativo. Es un acuerdo de casta”, concluyó el funcionario.
