El Poder Ejecutivo Nacional recurrirá ante la Justicia la resolución judicial que le otorgó un plazo de cinco días para acatar de forma completa la medida cautelar firme sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación oficial se formulará en las próximas horas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, según confirmaron fuentes gubernamentales involucradas en el expediente.
La decisión de la Casa Rosada responde a la intimación dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.
El magistrado determinó que no existe un cumplimiento total de la medida cautelar e intimó al Poder Ejecutivo a aplicarla bajo apercibimiento de imponer sanciones económicas diarias por cada jornada de demora.
Estrategia judicial y posición oficial del Gobierno
En los despachos oficiales del Ministerio de Capital Humano se analiza la posibilidad de solicitar que la apelación posea efecto suspensivo sobre la resolución del magistrado de primera instancia.
“Estamos estudiando el tema”, explicaron funcionarios de la Casa Rosada al ser consultados sobre si pedirán frenar la intimación mientras interviene la Cámara de Apelaciones.
Desde la postura de la administración nacional se sostiene que el Ejecutivo ya dio cumplimiento efectivo a las obligaciones impuestas y que tal condición fue acreditada ante el tribunal.
El conflicto se originó tras la promulgación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario mediante el Decreto 759/2025, cuya constitucionalidad es cuestionada por las casas de altos estudios en el litigio de fondo.
Alcance de la medida cautelar firme
El fallo original del juez Cormick fue dictado en diciembre de 2025 y ordenó la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la legislación.
Dichas cláusulas imponen la recomposición de los salarios para el personal docente y no docente, además de la actualización de los programas de becas para estudiantes universitarios.
La medida cautelar adquirió carácter firme luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara un recurso extraordinario interpuesto por el Estado el 25 de junio de 2026.
En junio de 2026, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios firmaron un acta que contempló una recomposición salarial del 24,33 por ciento.
El entendimiento incluyó además un incremento del 20 por ciento para gastos de funcionamiento y mayores partidas destinadas a hospitales universitarios y becas estudiantiles.
Convocatoria a nuevas medidas de fuerza
A pesar de ese acuerdo previo, el magistrado rechazó el 1 de septiembre de 2026 el pedido estatal para levantar la cautelar al estimar no acreditada una solución definitiva.
Las negociaciones paritarias entre el Gobierno y las organizaciones sindicales se estancaron tras el rechazo a una propuesta gubernamental del 3 por ciento de aumento salarial.
El contencioso judicial coincide con el debate del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación.
El proyecto contempla una asignación de $7,349 billones para funcionamiento e inversión universitaria, frente a los $11 billones calculados por el Consejo Interuniversitario Nacional.
Ante la persistencia del conflicto salarial e institucional, las universidades públicas y los gremios del sector confirmaron la realización de la Marcha Federal Universitaria el 15 de octubre de 2026.
