Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las tres centrales nucleares del país, aportó el 7,35% de la generación eléctrica nacional durante 2024. La compañía opera Atucha I, Atucha II y Embalse, y suma 1.763 MW de potencia instalada, convirtiéndose en un actor relevante para el abastecimiento energético.
La privatización parcial de la firma quedó congelada y, por ahora, perdió lugar entre las prioridades inmediatas del Gobierno de Javier Milei. Aunque la venta de una participación minoritaria fue habilitada hace casi un año, la operación todavía no logró avanzar hacia una licitación concreta.
Venta de Nucleoeléctrica, frenada
El esquema previsto establece que el Estado conservará el 51% de las acciones de la empresa. El 44% restante será ofrecido mediante una licitación pública nacional e internacional a inversores.
El principal obstáculo para avanzar estaría en la valuación de la compañía y en el atractivo para inversores privados adquirir una participación que no les otorgaría el control. Nucleoeléctrica administra infraestructura nuclear estratégica y su operación está sometida a exigentes regulaciones de seguridad, un factor que limita el universo de potenciales compradores.
La composición prevista también generó discusiones dentro del sector nuclear, donde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) mantuvo su participación del 20% en el directorio. La implementación del proceso quedó bajo responsabilidad de una agencia especial transitoria dependiente del Ministerio de Economía, encabezada por Diego Martín Chaher, pero sin un cronograma definido.
Protección del sistema nuclear
En paralelo, el Congreso comenzó a discutir un proyecto denominado “Protección y Desarrollo Estratégico del Sistema Nuclear Argentino“.
La iniciativa busca establecer mayores restricciones para transferir determinados activos nucleares o permitir que el Estado pierda su control sin una autorización legislativa expresa.
El debate parlamentario agrega una dificultad política a una operación que ya enfrenta interrogantes financieros. El freno no aparece aislado del resto del programa de privatizaciones del Gobierno, cuyo ritmo fue diferente según el atractivo para los inversores y la sensibilidad política de los activos involucrados.
Por ahora, el escenario mantiene a la compañía bajo control estatal y sin un calendario definido para la subasta del 44%.
Mientras tanto, el 5% restante de las acciones de la empresa quedaría reservado para los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada.
