La desinversión en ciencia y tecnología llega a niveles históricos también a través de la sub-ejecución presupuestaria de lo que ya se asignó de antemano para este año, con caídas de la inversión de hasta el 88%, como sucede con el Programa de Promoción de la Investigación que gestiona la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) que gestiona Natalia Avendaño.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que conduce Hernán Letcher, el sector de Ciencia y Tecnología es uno de los grandes afectados por la desinversión creciente desde el Estado, en un marco general de reducción del gasto público en todas las áreas, salvo en pago de servicios de la deuda y en el sector de Inteligencia.
Pero, el ajuste más emblemático se da en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación, la columna vertebral que mantiene “con respiración” al sistema científico puesto que articula con políticas concretas la relación entre el sistema de ciencia y el de tecnología, es decir es el que impulsa el desarrollo de la innovación en la actividad productiva aprovechando el trabajo de investigación de los laboratorios y organismos de ciencia con los que cuenta el país.
Pues bien, ese programa registra una fuerte caída (-88%). En el caso del el CONICET el derrumbe y la subejecución llegan al -35%; la CONAE (-64%); el Servicio Geológico Minero Argentino presenta una reducción (-31%), al igual que la Fundación Miguel Lillo (-36%), la CONEAU (-35%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-33%).
Claro que el ajuste se da un contexto generalizado de reducción del gasto público, la política de Javier Milei. Al mes de junio de 2026, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) muestra una caída real del gasto total del 34% en comparación con igual período de 2023. Si bien el ejercicio presupuestario aún se encuentra en desarrollo, los datos disponibles a junio permiten identificar tendencias sobre la orientación fiscal del año, evidenciando un marcado sesgo contractivo del gasto público.
Desinversión generalizada
En este contexto, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, registra un incremento real del 17% en su ejecución. Por su parte, los Servicios de la Deuda Pública concentran el 13% del gasto total ejecutado, reflejando el peso de los compromisos financieros en la estructura del gasto.
El análisis por organismos muestra recortes profundos en salud, seguridad social, ciencia, educación, desarrollo productivo, transporte y obra pública. Entre los impactos más relevantes se destacan:
En síntesis, la APN atraviesa un escenario de fuerte reducción del gasto público, afectando la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia y se mantiene un peso relevante de los Servicios de Deuda Pública. La magnitud de los recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto económico adverso.
