En conferencia de prensa, docentes y estudiantes de colegios preuniversitarios de todo el país lanzaron un petitorio para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, tras el acuerdo entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios.
Fue durante el encuentro convocado el viernes en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en la Ciudad de Buenos Aires donde participaron familias autoconvocadas, centros de estudiantes, docentes y no docentes de establecimientos dependientes de universidades nacionales de CABA, La Plata, Córdoba y Salta.
Entre las instituciones que impulsan la campaña se encuentran el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la UBA; la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, de la Universidad Nacional de Córdoba; distintos establecimientos de pregrado de la Universidad Nacional de La Plata; y el Instituto de Educación Media Arturo Oñativia, de la Universidad Nacional de Salta.
Que se cumpla la ley
La acción busca presionar a la Corte Suprema para que rechace el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo y ordene el cumplimiento efectivo de la Ley 27.795, cuya aplicación implicaría la actualización de partidas presupuestarias para universidades nacionales, hospitales universitarios, becas estudiantiles y salarios docentes y no docentes.
“Vamos por un millón de firmas y porque más escuelas dependientes de universidades nacionales se adhieran a esta iniciativa que tiene como único objetivo que se respete la institucionalidad y la independencia de los poderes y aplique la ley aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación”, señalaron los organizadores de la campaña.
Desde las comunidades educativas remarcan que la situación afecta no solamente a las universidades sino también a los niveles inicial, primario y secundario que dependen de ellas. “De la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia dependen nuestros colegios preuniversitarios, jardines de primera infancia, colegios primarios, servicios de hospitales públicos, investigadores del CONICET y facultades de distintas carreras de grado a lo largo y ancho del país”, agregaron.
Un reclamo contra el ajuste a la educación pública
El petitorio que comenzará a circular desde este viernes plantea que la Corte debe dar “tratamiento urgente” al expediente y rechazar el recurso del Poder Ejecutivo, ordenando “acatar al PEN la Ley de Financiamiento Universitario, y a transferir de manera inmediata la totalidad de los fondos retenidos de manera arbitraria e ilegal”.
El texto sostiene que el financiamiento estatal es una obligación para garantizar una educación “GRATUITA, LAICA y de CALIDAD” y advierte sobre las consecuencias concretas que está generando el desfinanciamiento universitario.
Entre ellas menciona la amenaza sobre la continuidad del ciclo lectivo 2026 en las universidades nacionales y en sus sistemas de pregrado; las dificultades para afrontar gastos básicos de funcionamiento; el deterioro de los hospitales universitarios; el congelamiento de las becas estudiantiles desde diciembre de 2023 y la pérdida salarial de docentes y no docentes.
