La diputada nacional por el bloque de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, apuntó con dureza contra los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional y contra los gremios firmantes del acuerdo para recomponer parcialmente los salarios de docentes y NODOCENTES y los fondos para las universidades y señaló que “es el acta de defunción de la ley de financiamiento universitario”.
La legisladora se expresó a través de sus redes sociales y apuntó que “el 10 de junio de 2026 firmaron ustedes un acta que presentan como el final de un conflicto y que es, en verdad, el certificado de defunción de una ley”.
“La comunidad universitaria tenía la ley de su parte. El Congreso la sancionó, el veto fue rechazado, la Cámara ordenó cumplirla. A la Corte Suprema no le quedaba salida honorable que no fuera ratificar lo dictado. Ustedes lo sabían. Y porque lo sabían, no negociaron: tendieron una trampa”, señaló con dureza la legisladora en un marco en el cual trabajadores de base de diferentes gremios se manifestaron en oposición a lo acordado entre el CIN, los gremios y el gobierno nacional.
Claro, es que el acuerdo recompone el 24,3% de lo que perdieron los salarios de docentes y nodocentes de universidades a lo largo del 2024, 2025 y 2026, pero el derrumbe salarial es del 52% en todo ese período. Según estiman la recuperación corresponde a los últimos dos años (2026 y 2025), pero del 2024 (cuando la inflación acumulada llegó al 118%) se recuperaría apenas un 7%.
El gobierno ofreció “supervivencia” a las universidades
Los gremios que firmaron el acuerdo y los rectores de las universidades insisten en que “seguirán el reclamo en la Corte Suprema”, y que la recomposición “es parcial”, sin embargo cuesta creer que el gobierno vaya a pagar la otra mitad con la sociedad desmovilizada, si luego de cuatro Marchas Federales Universitarias y dos leyes votadas, vetadas y reconfirmadas en el Congreso, sólo otorgó la mitad de lo que debe.
Pagano fue en ese sentido y sostuvo que “ofrecieron a los rectores la supervivencia presupuestaria de sus universidades, asfixiadas por ustedes mismos durante dos años. Ofrecieron a las dirigencias gremiales fondos sindicales que solo se cobran con la firma puesta. A unos les vendieron el oxígeno que antes les habían quitado; a otros, una caja a cambio de la rendición. Eso no es una paritaria. Es una extorsión sutil, ejecutada con la prolijidad de quien sabe que la víctima no puede levantarse de la mesa“, apuntando contra el gobierno nacional.
Según la legisladora “rectores y gremios quedaron atrapados, firmando un arreglo barato (bien de casta) que aceptaron en nombre de quienes jamás fueron consultados: los docentes que renunciaron de a miles, los no docentes que sostienen las aulas con salarios de pobreza, los estudiantes que pusieron el cuerpo en cuatro marchas federales“.
“Las cifras tienen la elocuencia que a ustedes les falta: cumplir la ley costaba 2,5 billones. Lo arreglaron por 0,8. La recomposición del 50% que ordenaba la norma quedó reducida a un 24,33% en cuotas, que la inflación de este mismo año ya devora antes de cobrarse. El resto —1,7 billones— es el monto exacto de lo que le arrebataron a la universidad pública con una lapicera”, apuntó Pagano.
¿Acta de defunción para el financiamiento universitario?
Por último, Pagano apuntó que “la causa judicial, dicen, sigue en pie. Es cierto, y es lo más cruel: nadie desistió, pero ya nadie espera. Con las partes “negociando“, la Corte se quitó de encima la única presión que la obligaba a fallar. El expediente no murió: lo dejaron morir, que es la forma argentina de matar”.
“La Ley de Financiamiento Universitario quedó herida de muerte. No la derogó el Congreso ni la voltearon los jueces: la desangraron en una mesa de negociación quienes debían defenderla. Estas son las reflexiones que, como diputada de la Nación, quiero hacer llegar a quienes firmaron, sin esperanza de que rectifiquen, pero con la certeza de que la comunidad universitaria —esa que dejaron afuera del despacho para traicionarlos— sabrá algún día exigirles cuentas. Fiel al compromiso de dar testimonio, lo dejo escrito”, concluyó Pagano.
El acuerdo
El Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos necesarios para garantizar un incremento de la masa salarial del 24.33% dispuesto de la siguiente forma: un incremento del 21.33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026; y del 3% en el mes de octubre sobre los básicos de septiembre de 2026. Esta actualización contempla la recomposición del desfasaje del año 2025, la actualización en función de la inflación hasta mayo de 2026 y una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024.
Además actualizará un 20% (veinte por ciento) el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir del mes de junio de 2026 y se dispondrá un incremento en la partida destinada a Hospitales Universitarios de $50.000.000.000 para 2026.
Por su parte se fija para la recomposición de becas estudiantiles una actualización del 50% (cincuenta por ciento) de las Becas Manuel Belgrano a partir del mes de junio de 2026.
La comunidad universitaria, dividida por el acuerdo
Desde las bases de los diferentes gremios se expresaron en contra de la firma del acuerdo por no tener “la necesaria puesta en consideración por parte de los trabajadores, trabajadoras y estudiantes de las universidades” y señalan que fue “tramado a sus espaldas y firmado de manera acelerada, al punto de dejar a la comunidad universitaria sin oportunidades reales de debate. Las federaciones gremiales que promovieron consultas lo hicieron, en general, mal y pronto, incluso incumpliendo el estatuto que las rige”.
“Esta forma de proceder deja en evidencia el sesgo antidemocrático de un acuerdo que se firma en el marco del incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario (Ley N° 27295), que el gobierno evita aplicar desde hace ya 233 días, hecho gravísimo al que el acuerdo ni siquiera alude”, apuntan.
Hasta ayer, el movimiento universitario había mantenido un consenso (casi) unánime. Al decidir acordar con el gobierno, el CIN y las dirigencias sindicales sabían que la decisión sería un parteaguas, máxime, considerando los tiempos y los modos en que socializaron esta decisión. Aun así, siguieron adelante.
Hoy, la comunidad académica quedó dividida tras el acuerdo.
