A dos semanas de habilitado el nuevo esquema de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ya se anotaron alrededor de 420 trabajadores en un programa impulsado por el Gobierno en medio del plan de desamantelamiento libertario al organismo. La cifra quedó por debajo de la meta oficial y encendió alertas internas sobre el alcance real del ajuste.
La ventana para adherirse abrió el 4 de mayo y seguirá vigente hasta el 15 de junio. La expectativa oficial es alcanzar unas 1200 desvinculaciones, equivalentes al 21% del personal. Pero distintas fuentes señalan que muchos trabajadores están frenados por un punto clave: el reconocimiento de los años trabajados como planta no permanente.
Milei quiere ajustar el INTA como sea
En el Gobierno existe preocupación por no llegar a esa cifra por lo que comenzaron a evaluar un escenario alternativo que incluiría el pase de personal a disponibilidad, una herramienta prevista para reorganizaciones estatales. Internamente advierten que eso podría derivar en un conflicto abierto con los empleados.
En paralelo, trascendió que la Fundación ArgenINTA podría intervenir para cubrir el costo vinculado a trabajadores de planta no permanente, aunque aclararon que el tema sigue bajo análisis. De acuerdo con fuentes cercanas a las conversaciones, el presupuesto evaluado rondaría los $2000 millones para reconocer esos años de servicio.
ArgenINTA actúa como Unidad de Vinculación Tecnológica y administra proyectos financiados por organismos internacionales, empresas y entidades públicas. La unidad trabaja en desarrollo territorial, seguridad alimentaria, productividad y mejoramiento de los sistemas socioproductivos locales.
Pérdidas irreemplazables de científicos y técnicos del INTA
Hoy el esquema de retiro voluntario está abierto para todos los trabajadores del organismo, tanto administrativos como personal de las estaciones experimentales con lo cual la Argentina está a un paso de perder cientos de profesionales, técnicos, especialistas e investigadores irreemplazables.
En los pasillos del INTA sostienen que muchos empleados podrían esperar hasta último momento para adherirse al programa. La principal razón sería la expectativa de que eventualmente se contemple la antigüedad acumulada en planta transitoria al momento de calcular las compensaciones económicas. Actualmente, según indicaron distintas fuentes consultadas, solo se reconoce la antigüedad en planta permanente.
Hay trabajadores que acumulan hasta diez años de PNP y temen que ese tiempo no sea reconocido al aceptar el retiro voluntario. “Muchos están esperando a último momento para ver si liberan fondos contando la antigüedad de planta transitoria. Porque hoy no les dan los números con solo planta permanente”, explicó una fuente conocedora de la situación. En el retiro voluntario anterior, al que adhirieron 297 trabajadores, sí se había contemplado la antigüedad transitoria dentro del cálculo final.
Argentina pierde capacidades científico tecnológicas
El plan forma parte del proceso de ajuste que impulsa el gobierno nacional sobre el organismo tecnológico. El esquema contempla un costo total de $101.717 millones, en función de la aplicación del beneficio y de la actualización de las partidas presupuestarias necesarias para financiarlo. Pero las pérdidas en términos de transferencia de conocimiento al sector productivo son incalculables.
Hasta antes de poner en marcha el plan, el organismo contaba con alrededor de 5750 trabajadores, por lo que el objetivo oficial de 1200 retiros implicaría una reducción cercana al 21% de la planta.
Según explicaron fuentes cercanas al proceso al medio La Nación, dentro del Gobierno sostienen que, si logran alcanzar la cantidad prevista de retiros, no avanzarían en nuevos recortes sobre programas técnicos y de investigación dentro del INTA. La lectura oficial es que los retiros compensarían el gasto generado en otras áreas.
En cambio, si no se alcanza el número esperado, en el organismo temen una profundización del ajuste. Entre las alternativas que comenzaron a mencionarse aparece la posibilidad de que intervenga la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar con ventas de tierras pertenecientes al INTA, además de nuevos recortes presupuestarios y de programas de trabajo.
