El Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, emitió un pedido para que tres jueces de la Corte Suprema se excusen de decidir sobre la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigiendo que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y transfiera los fondos para salarios y presupuestos que requieren las universidades para funcionar.
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó un Recurso Extraordinario Federal a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación cuestiona la sentencia de la Cámara que confirmó la medida cautelar que ordenó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 y la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto N° 759/2025, relacionados con el financiamiento y recomposición salarial universitaria. Ante esto, presentaron el Recurso con efecto suspensivo para no tener que comenzar a pagar los fondos de las universidades: en rigor, el plazo límite era hasta las 9.30 horas del día de la fecha, por lo que ya se encuentra en vigor la obligatoriedad de las transferencias.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina está integrada por tres ministros principales: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti. El tribunal funciona con esta composición reducida tras la salida de otros miembros en años anteriores. Pues bien, son esos tres jueces los que el gobierno nacional busca reemplazar por conjueces porque los tres se desempeñan como docentes de universidades nacionales. Algo nunca visto en democracia.
El presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti es docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) con uso de licencia, Carlos Rosenkrantz es docente de la Universidad de Buenos Aires, y Lorenzetti es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la UNCuyo (Mendoza), de Tucumán (UNT) y del Litoral (UNL).
Manotazo de ahogado libertario
La estrategia del gobierno apunta a desplazar a los tres jueces que integran la Corte Suprema de Justicia y que la decisión sobre el financiamiento universitario la tomen tres conjueces, en una maniobra de las últimas antes de confirmarse lo que seguramente suceda y es que el máximo tribunal le de la razón a las universidades en su reclamo para que se recompongan los fondos para las universidades nacionales.
En el gobierno de Javier Milei aseguran que tras el recurso extraordinario que presentaron el viernes pasado ante la Corte Suprema para seguir eludiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario es “altamente improbable” que les concedan la suspensión, es decir que terminarán beneficiando el reclamo de las universidades nacionales.
El Gobierno sostiene que no cuenta con los fondos necesarios para cumplir con la normativa. El costo estimado asciende a 2,5 billones de pesos, cifra que consideran inviable en el corto plazo. Tras la sanción en el Congreso y el rechazo al veto presidencial, el Ejecutivo perdió en primera y segunda instancia judicial y ahora elevó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dentro de la Casa Rosada, incluso reconocen que cumplir con la ley podría implicar un regreso del déficit fiscal. Buscan alternativas para escalonar pagos, aunque admiten dificultades. “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan”, señalaron desde una fuente oficial.
Ahora, rastrean una nueva estrategia que es la excusación de los jueces de la Corte Suprema,
