En medio de nuevos y crecientes reclamos de las universidades y del vencimiento del plazo judicial para que el gobierno nacional cumpla con la ley de Financiamiento Universitario, Milei tiene como intención reabrir la discusión sobre discapacidad y financiamiento universitario en el Congreso.
Así se lo hicieron saber al medio parlamentario.com, tanto de fuentes oficialistas como opositoras del Congreso, a las cuales ya se les transmitió que el Ejecutivo tiene en carpeta discutir reformas a las leyes que fueron impulsadas el año pasado por la oposición, vetadas por el presidente y posteriormente insistidas por amplias mayorías.
Incluso, en diciembre pasado, ya con una composición parlamentaria más favorable a La Libertad Avanza, el oficialismo vio fracasar el capítulo incluido en el Presupuesto que buscaba la derogación lisa y llana de las leyes 27.793 y 27.795.
Estrategia judicial y parlamentaria para desfinanciar por ley a las universidades
En el caso de Financiamiento Universitario, Casa Rosada se apresta a apelar la implementación de la norma ante la última instancia judicial: la Corte Suprema. En marzo pasado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno y le ordenó cumplir de inmediato con la ley.
Un mes antes de ese revés, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para reformar la norma, pero hasta ahora no se puso en discusión.
La estrategia del gobierno de Javier Milei, mientras tanto, es doble. Por un lado, apelará la decisión judicial ante la Corte Suprema de Justicia, y por otro apurará en el Congreso su propio proyecto de ley de Financiamiento Universitario para reemplazar el votado hace seis meses. La iniciativa libertaria apenas actualiza el 12% de lo perdido en 2025 cuando la inflación fue del 35% anual, y reconoce 0% de 2024, cuando la inflación fue del 118%.
Es decir que, el proyecto de Javier Milei desconoce la pérdida de 141 puntos del salario y del presupuesto de las universidades contra la inflación desde la asunción de Javier Milei.
Discapacidad, otro proyecto pendiente para Milei
En cuanto a discapacidad, todavía no hay definición sobre si el Gobierno piensa en una reforma a la Ley de Emergencia o directamente a la Ley de Discapacidad (22.431). Este tema también tuvo sus fallos judiciales y en febrero pasado se publicó en el Boletín Oficial su reglamentación. Sin embargo, el colectivo de organizaciones de personas con discapacidad mantiene el reclamo por la plena implementación de la ley. “Las prestaciones tenían atraso y ya hubo actualización”, justificó a parlamentario.com una fuente del oficialismo.
