Hoy viernes, se le vence el plazo judicial al gobierno de Javier Milei para cumplir con la decisión de la Justicia sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo número 3 es para que pague lo que le debe a las más de 60 universidades públicas del país en concepto de salarios y becas, que estaba dispuesto en los artículos 5 y 6.
Eso es lo que fijó la sentencia que hace dos semanas confirmó una cautelar en contra del Gobierno en la que los jueces calificaron como “pocos serios” algunos de los argumentos libertarios para no pagar.
Desde el Frente Universitario –que engloba a rectorados, gremios y estudiantes– anticiparon que si la Casa Rosada no habilita las partidas, habrá una gran movilización en la primera quincena de mayo, en sintonía con las dos marchas multitudinarias anteriores.
La estrategia del gobierno de Javier Milei, mientras tanto, es doble. Por un lado, apelará la decisión judicial ante la Corte Suprema de Justicia, y por otro apurará en el Congreso su propio proyecto de ley de Financiamiento Universitario para reemplazar el votado hace seis meses. La iniciativa libertaria apenas actualiza el 12% de lo perdido en 2025 cuando la inflación fue del 35% anual, y reconoce 0% de 2024, cuando la inflación fue del 118%.
Las universidades van por sus fondos
Paralelamente, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) hicieron una presentación en los tribunales para dar cuenta del incumplimiento y exigieron una convocatoria urgente a la paritaria nacional. “Miran hacia otro lado y las respuestas no aparecen”, indicaron.
En medio de un escenario complejo para Javier Milei, que ve cómo decae su imagen en medio de los escándalos que acechan a su jefe de Gabinete, la causa $Libra y la situación económica, se avecina otro foco de conflicto que cala hondo en la opinión pública: el ataque a las universidades.
Desde ese sector advirtieron que organizan una gran jornada de movilizaciones en todo el país si el Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento, que fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y por la Justicia con dos fallos sobre medidas cautelares.
La estrategia del gobierno de Javier Milei, mientras tanto, es doble. Por un lado, apelará la decisión judicial ante la Corte Suprema de Justicia, y por otro apurará en el Congreso su propio proyecto de ley de Financiamiento Universitario para reemplazar el votado hace seis meses. La iniciativa libertaria apenas actualiza el 12% de lo perdido en 2025 cuando la inflación fue del 35% anual, y reconoce 0% de 2024, cuando la inflación fue del 118%.
Sin más tiempo para dilaciones y ardides libertarios
Hoy se vence el plazo para que la Casa Rosada presente un recurso ante la Corte Suprema luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una cautelar que le ordenaba a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley, que tienen que ver con la actualización de salarios y becas, que ya acumulan 17 meses seguidos de caída.
Todo indica que será una nueva derrota judicial para La Libertad Avanza porque la jurisprudencia del máximo tribunal va en el sentido de no expresarse sobre cautelares. Incluso, si la CSJN le diera lugar eso no debería generar efectos suspensivos.
Un gobierno reo de la Justicia y el Congreso
Según los cálculos del CIN, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 por ciento desde el 2023 hasta hoy. Desde el Gobierno sostienen deben pagar 2,5 billones de pesos para cumplir con la totalidad de la ley, que también incluye gastos de funcionamiento entre otros ítems.
Mientras tanto, siguen incumpliendo con la voluntad del Congreso y con lo que dispuso la Justicia.
El presidente del Consejo, Franco Bartolacci, le dijo al medio Página/12 que insistirán en todos los ámbitos “porque la situación es extremadamente crítica”. “Si no hay respuestas de las autoridades, si no se cumple la ley del Congreso, si no se respeta lo que ordenó la Justicia vamos a volver a convocar a la sociedad argentina, Si no conmueve el estado de Derecho, que conmueva la voz del pueblo de la Nación”, agregó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.
Hasta el momento, ni el secretario de Educación de la Nación, Carlos Horacio Torrendell, ni el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se comunicaron con los distintos actores del conflicto para dar una respuesta. Este diario se contactó con los ministerios de Capital Humano, Economía y Educación para consultar cuál será la estrategia del Gobierno ante la obligación de pagar, pero no tuvo respuestas. A más de dos semanas del fallo, siguen sin cumplir y la justicia puede determinar multas y sanciones para los funcionarios a cargo.
Ante un Poder Ejecutivo que no escucha al Legislativo y tampoco al Judicial, la lucha continuará en las calles.
