El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, alertó sobre una caída del 47% en los recursos de las universidades, el crítico atraso salarial y la posibilidad de una nueva movilización federal si el gobierno nacional mantiene su postura.
Bartolacci, de refirió al escenario que atraviesa la educación superior pública en el país.
En el marco de la jornada nacional de 24 horas, denominada “La universidad no se apaga”, remarcó que el objetivo de la medida es doble: visibilizar la potencia del sistema científico-académico y advertir sobre el riesgo concreto de su deterioro.
“La idea es mostrar todo lo que hace la universidad pública, pero también advertir que ese potencial se va a ir apagando lentamente si no hay respuestas”, sostuvo, en referencia a las 24 horas de actividades académicas, científicas, culturales y de extensión que se desarrollan en todo el país.
Visibilizar la labor de las universidades
La iniciativa, explicó, apunta no solo a convocar a la comunidad universitaria sino también a interpelar al conjunto de la sociedad sobre la gravedad del momento.
Bartolacci detalló que las universidades enfrentan una caída del 47% en las transferencias nacionales desde 2023, lo que implica que hoy funcionan “a la mitad de sus posibilidades”.
Situación salarial y presupuestaria al límite
En ese contexto, señaló que la situación salarial de docentes y no docentes es el aspecto más urgente y angustiante del conflicto.
En diálogo con la Radio de la Universidad Nacional de Rosario, el rector repasó además el camino institucional recorrido por el sistema universitario, que incluyó gestiones ante el Ejecutivo, la aprobación de una ley en el Congreso —luego vetada y sostenida— y presentaciones judiciales que obtuvieron fallos favorables.
Sin embargo, advirtió que el Gobierno nacional continúa sin cumplir con esas resoluciones. “Hicimos todo lo que había que hacer y no hay respuesta”.
Acciones judiciales en camino, si no hay respuesta
En ese marco, confirmó que desde el CIN se avanzará con nuevas acciones formales, tanto judiciales como administrativas, para exigir el cumplimiento de la normativa vigente y la convocatoria a paritarias. No obstante, remarcó una dificultad central: la falta de interlocutores claros dentro del Gobierno nacional para canalizar el conflicto.
Bartolacci también subrayó que la discusión de fondo excede lo presupuestario y remite al rol del Estado en la educación y la ciencia.
“Estamos discutiendo con gente que cree que el Estado no tiene que invertir en estos temas”, planteó, y contrastó la inversión local —0,4% del PBI— con la de países desarrollados, que destinan entre el 2% y el 5%.
Nueva Marcha Federal
Finalmente, advirtió que, si no aparecen respuestas en el corto plazo, el conflicto escalará hacia una nueva movilización nacional en mayo.
“Si no es la ley, si no es el Congreso, tendrá que ser la sociedad la que logre conmover a las autoridades”, señaló, y convocó a la ciudadanía a participar de las actividades y defender un sistema que definió como “una de las pocas instituciones públicas con legitimidad y reconocimiento social en la Argentina”.
