Bajo la consigna “la universidad no se apaga”, desde las 8, las casas de estudios nacionales se mantendrán abiertas durante 24 horas, con clases públicas, servicios gratuitos, visitas guiadas y diferentes actividades académicas, culturales y científicas. Buscan, una vez más, exigir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que dispone la actualización de salarios y becas. El cierre será con una clase pública el jueves 16 a las 8 en la Secretaría de Educación.
A la iniciativa del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por los rectores de las universidades nacionales, también se suman los gremios docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Se esperan actividades en más de 30 universidades con la luz prendida por 24 horas. El cronograma incluye clases magistrales, charlas, conversatorios, consultorios, talleres, asesoramiento.
Las universidades no se apagan
Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) hablan de un “paro a la japonesa”. Entre otras actividades, habrá atención odontológica, óptica y oftalmológica, médica, psicológica y veterinaria durante 24 horas en trailers en la Plaza Houssay. Se pueden sacar turnos por WhatsApp al 11-3758-9941. Los colegios preuniversitarios también se suman: el Nacional de Buenos AIres convoca a un abrazo a las 12:30 y el Carlos Pellegrini hará una clase abierta por streaming.
A las 13, habrá una conferencia en la UBA con el rector Ricardo Gelpi, los decanos, rectores de los colegios preuniversitarios y el presidente del CIN, Franco Bartolacci. Formalmente, comunicarán a la Justicia que el Gobierno no está cumpliendo la ley y también le enviarán una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En caso de que la ley siga sin cumplirse, prevén la cuarta marcha federal para la primera quincena de mayo.
El gobierno, reo de la Justicia y el Congreso
El 31 de marzo pasado, la Justicia ratificó que se debe ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el año pasado y ratificada tras el veto. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con los votos de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó la medida cautelar para que la administración de Javier Milei cumpla, puntualmente, con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 que implican la actualización de los salarios universitarios y del monto de las becas estudiantiles.
La Ley de Financiamiento Universitario, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto pasado y vetada por el Presidente el 11 de septiembre.
La Cámara de Diputados y el Senado insistieron en esta ley y dejaron sin efecto el veto. En el último día del plazo para hacerlo, en octubre pasado, el Gobierno finalmente la promulgó, pero hasta el momento no fue aplicada.
El Ejecutivo argumenta que no lo hará hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento, por lo que los rectores decidieron ir a la Justicia para pedir el cumplimiento de la ley.
