El Congreso comienza a debatir el proyecto de reforma de ley de Glaciares del gobierno que busca limitar la protección a glaciares con ‘función hídrica estratégica’, con el rechazo de la oposición y de sectores que alertan por el futuro de las reservas de agua dulce.
El escenario legislativo nacional se prepara para uno de los debates más intensos del período de sesiones extraordinarias. El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con una reforma profunda de la Ley de Glaciares (26.639), una iniciativa que reabre la tensión entre el desarrollo de proyectos extractivos y la preservación de las reservas hídricas estratégicas.
Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA), el argumento central es eliminar la «inseguridad jurídica» que, según el oficialismo, actúa como un freno para grandes inversiones en sectores como la megaminería y los hidrocarburos.
El proyecto, que podría debatirse el próximo martes 10 de febrero, propone restringir la protección:
El resguardo ambiental se limitaría únicamente a los glaciares que cumplan una «función hídrica efectiva y estratégica».
Habilitar áreas productivas: Este cambio permitiría actividades en zonas hoy resguardadas.
Potestad provincial: Devolver mayor autonomía a las provincias sobre sus recursos naturales, un reclamo de territorios con potencial minero como San Juan, Catamarca y Jujuy.
En la vereda opuesta, el bloque de Unión por la Patria (UxP) y organismos ambientalistas manifiestan un rechazo rotundo. Sostienen que la nueva redacción dejaría desprotegido el ambiente periglacial, zona crítica para la regulación de cuencas hídricas que abastecen el consumo humano y el riego.
Retroceso en los estándares de protección de glaciares
Para la oposición, la modificación implica un retroceso en los estándares de protección, permitiendo que la megaminería impacte sobre las reservas de agua dulce.
El debate genera fracturas internas, especialmente en legisladores de provincias cordilleranas que enfrentan una encrucijada: apoyar la flexibilización para atraer empleo y regalías, o mantener las restricciones para garantizar la sustentabilidad ambiental.
Fuentes legislativas sugieren que sectores moderados buscan evitar una derogación encubierta. La intención sería lograr un documento con «certezas técnicas» y auditorías, que permita compatibilizar la industria minera con la protección del entorno sin bloquear por completo el crecimiento del sector.
