Diputados de Unión por la Patria recibieron este martes a integrantes de colectivos de familias con hijos con cardiopatías congénitas, en un encuentro destinado a evaluar el impacto del desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. La decisión del Gobierno de Javier Milei de desvincular a tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el programa encendió alarmas en todo el país, al comprometer la continuidad de un sistema que garantiza diagnósticos y tratamientos a tiempo.
Las familias denunciaron que esta medida deja sin conducción especializada un programa crítico para la atención inmediata de casos que requieren intervenciones urgentes, en una patología que constituye la segunda causa de muerte neonatal. En Argentina nacen cada año alrededor de cuatro mil niños y niñas con cardiopatías congénitas, y cerca del 50 por ciento necesita una cirugía de alta complejidad para poder sobrevivir.
Incertidumbre total por el cierre del Programa de Cardiopatías Congénitas
Lucía Wajman, integrante de Cardiocongénitas Argentinas, expresó que “la situación de incertidumbre es total y quedamos completamente desamparadas. El despido de los médicos dejó al programa sin conducción especializada. No sabemos si nuestros hijos van a poder ser trasladados para realizar los tratamientos, si van a poder recibir la medicación que necesitan, si van a poder llegar al quirófano. Nos genera mucho miedo. Sabemos que un corazón necesita ser operado a tiempo”.
En Argentina nacen cada año alrededor de cuatro mil niños y niñas con cardiopatías congénitas, y cerca del 50 por ciento necesita una cirugía de alta complejidad para poder sobrevivir.
Según consigna el medio Parlamentario.com, durante la reunión se subrayó que esta crisis forma parte de un ajuste profundo en el sistema sanitario. En 2023, el Congreso había aprobado casi por unanimidad la Ley de Cardiopatías Congénitas, que amplió el alcance del programa para asegurar una atención continua y permanente. Pese a ello, referentes de las familias recordaron que Javier Milei y Victoria Villarruel votaron en contra de la norma cuando eran diputados y señalaron que la actual política oficial parece desconocer una ley que resguarda explícitamente el funcionamiento del programa.
“Bajo el argumento de la baja natalidad, el Gobierno decide desmantelar un Programa que tiene fuerza de ley y que acompaña no solo en el nacimiento sino a lo largo de la vida para garantizar el tratamiento y asegurar un desarrollo integral de esa persona. Entonces que pretendan justificar con ese argumento es completamente falaz”, planteó una de las integrantes presentes.
Citarán a Lugones
Desde el bloque de Unión por la Patria reafirmaron que “el compromiso con el derecho a la salud del pueblo argentino y, en particular, el de las infancias es inclaudicable”. Recordaron que ya se presentaron proyectos y pedidos de acceso a la información pública, y que se avanzará con la citación del ministro de Salud, Mario Lugones, para que brinde explicaciones en el Congreso.
Cabe esperar si el ministro acudirá o volverá a dejar esperando a los familiares como lo hizo con las familias de las víctimas del fentanilo.
En busca de fortalecer la organización y visibilizar el conflicto, los colectivos anunciaron que el 1 de febrero realizarán un banderazo federal en distintos puntos del país. En la convocatoria, las familias sintetizan su reclamo con una frase contundente: “Nuestros hijos ponen el cuerpo en las terapias, nosotras ponemos el cuerpo en las calles”.
