El vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, celebró el fallo judicial que le ordenó al Gobierno aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario, aunque advirtió que desde el Ejecutivo pueden apelar la decisión de la Justicia, lo que haría un 2026 muy complicado para las universidades públicas nacionales.
En diálogo con AM750, Bartolacci dijo que este fallo es “muy importante para toda la comunidad universitaria del país”. “Hemos estado dos largos años intentando en el Congreso conseguir una ley que garantice los recursos mínimos e indispensables que el sistema universitario necesita para poder funcionar con cierta normalidad. Cuando esa ley se promulgó pero se suspendió, hicimos lo que correspondía, porque siempre somos muy respetuosos de los canales institucionales y recurrimos a la justicia para pedir lo que consideramos obvio: que una ley con tanta legitimidad se aplique”, destacó.
“Terminamos el año con una medida del Juzgado N° 11, que es una medida cautelar que dispone la aplicación inmediata del artículo 5 y 6 de la ley, que atiende -a mi juicio- lo más urgente, que es la situación salarial del personal docente y no docente de las universidades públicas y la actualización de las becas”, señaló.
“Lo que dispone en ambos casos es una recomposición respecto de la inflación registrada desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley que fue en octubre de este año”, explicó.
Según el catedrático, la espera ahora es que el Poder Ejecutivo “cumpla con la disposición judicial y cumpla la normativa” ya que “entre el 70% y 80% de la docencia universitaria en todo el país está percibiendo un salario por debajo de los 650 mil pesos por mes”.
“Sería muy preocupante que empecemos a naturalizar que una ley aprobada en el Congreso -de la manera que se aprobó, además- luego no se aplique. Si no se aplica la ley, va a ser muy difícil el 2026 para las universidades públicas”, cerró.
El fallo
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario.
En sus fundamentos, Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado.
Añadió que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.
El juez también rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI.
Vulnera la división de poderes
Asimismo, la resolución cuestionó la medida del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior.
El fallo aclaró que la medida se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, pero consideró reunidos los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley
