En un pronunciamiento conjunto, siete ex ministros y secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación denunciaron que el gobierno nacional impulsa un “negociado inmobiliario” disfrazado de “reingeniería” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Fue luego de la reunión que mantuvo el Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, con las entidades agropecuarias de la Mesa de Enlace, a quienes les presentó “la hoja de ruta” que el ministro de Economía, Luis Caputo, armó para rematar la mitad de las tierras del INTA, despedir a unos 2.000 trabajadores con retiros voluntarios (cerca de un tercio de la planta del organismo), eliminar unos 15 centros regionales y suprimir 253 Agencias de Extensión Rural.
Pero el plan no es únicamente la eliminación de Agencias y Centros Regionales sino que incluye la apertura de un programa de retiros voluntarios que “desafecte” a casi 2.000 empleados (un tercio) del organismo científico. La planta de empleados del INTA pasó de 6.300 a unos 6.000 empleados a mediados de 2025.
El INTA posee más de 100.000 hectáreas distribuidas en todo el país, pero el gobierno nacional está evaluando vender o desafectar una parte significativa, mencionándose cifras alrededor de 42.000 hectáreas. Los ex ministros, sin mencionarlo, le apuntaron al empresario inmobiliario amigo de Javier Milei, Eduardo Elsztain, quien ya fue señalado como adquiriente del edificio histórico que el INTA tenía en el barrio de Palermo.
Los ex funcionarios afirman que la verdadera intención es el remate de 40.000 hectáreas de campos públicos pertenecientes al organismo, lo que implicaría un cambio radical en su misión que ha durado casi 70 años.
Un INTA “para pocos”
El documento alerta que se busca orientar la investigación exclusiva hacia actores privados que cofinancien proyectos, creando así un “INTA para pocos” que utilizaría recursos públicos para fines privados.
Entre las consecuencias, destacan la reducción del personal mediante retiros voluntarios y el cierre de programas clave para las economías regionales, así como para la agricultura familiar, campesina e indígena.
Impacto negativo para la ciencia y la tecnología
También se prevé el desmantelamiento de infraestructura, con el cierre de estaciones experimentales y la cancelación de numerosos proyectos que mejoran la calidad de vida y el arraigo territorial.
Asimismo, se advierte que se suspenderán líneas de investigación esenciales para el futuro, como la mitigación del cambio climático, el control de la deforestación y la protección de los recursos naturales.
El texto, firmado por Felipe Solá, Javier De Urquiza, Carlos Cheppi, Julián Domínguez, Norberto Yauhar, Luis Basterra y Juan José Bahillo, señala que la iniciativa surge tras obstáculos legislativos y judiciales, y afirma que el Ejecutivo presiona al Consejo Directivo del INTA.
Los ex ministros convocan a los representantes del Consejo a mantener su firmeza ante este “atropello” al patrimonio público y concluyen: “No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se intenta arrojar por la borda este patrimonio”.
Desmantelamiento detrás de la falacia de la “modernización”
El documento fue emitido tras hacerse públicos los planteos que el gobierno de Javier Milei presentó ante la Mesa de Enlace para avanzar con el proceso de “transformación” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Advirtieron que la “reingeniería” que se analiza en el Consejo Directivo del organismo encubre un intento de apropiación de tierras públicas y apunta a convertir al INTA en una consultora privada sostenida con fondos provenientes de impuestos.
Mientras la administración de Javier Milei describe el plan como una “modernización” destinada a mejorar la eficiencia del Estado, los ex funcionarios del área agropecuaria durante los gobierno peronistas sostuvieron que detrás de esa definición se esconde un “negociado inmobiliario”. En un documento crítico, afirmaron que el objetivo real sería obtener autorización para desprenderse de alrededor de 40.000 hectáreas de campos pertenecientes al organismo.
La sospecha sobre el negocio inmobiliario
Cabe mencionar que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), gestionada por Nicolás Pakgojs, empresario que es mano derecha de Eduardo Elsztain, ya envió a medir los terrenos que el INTA tiene en la región AMBA, aún cuando sobre la venta de tierras del organismo pesa el rechazo del Congreso y de dos cautelares presentadas en la Justicia.
En el texto, remarcaron que no se trata de un proceso de modernización, sino de una operación que avanza vulnerando los mecanismos institucionales que ya habían rechazado iniciativas similares. Señalaron que, tras reveses en el plano legislativo y judicial, la administración libertaria volvió a impulsar la propuesta a través del Consejo Directivo del INTA, con el fin de modificar de manera radical la misión y la visión que el organismo sostiene desde hace casi siete décadas, consignó el diario “La Nación”.
Finalmente, los ex funcionarios expresaron su expectativa de que los representantes de las entidades rurales y del ámbito académico que integran el Consejo Directivo mantengan su postura, respeten la voluntad expresada en el Congreso y acaten los fallos judiciales.
“No vamos a quedarnos de brazos cruzados”, afirmaron, y anticiparon que acompañarán a productores, trabajadores y a quienes se movilicen en defensa del INTA.
