Una reciente modificación normativa al interior del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) introdujo cambios profundos en el sistema de control de instrumentos de medición en la Argentina.
Así, balanzas de supermercados, surtidores de combustible, radares de velocidad y alcoholímetros, entre otros dispositivos que intervienen en operaciones comerciales, controles oficiales y situaciones donde existen derechos en juego, quedaron alcanzados por un proceso de desregulación que afecta al rol histórico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
A partir de la nueva normativa, el organismo público quedó equiparado a laboratorios privados y dejó de ser la autoridad exclusiva en materia de metrología legal, un cambio que despertó preocupación entre especialistas y trabajadores del sector.
Cambios en la metrología que afectan al INTI
Marcelo Isleño, metrólogo del Departamento de Control de Servicios Públicos del INTI, explicó que la metrología legal es la disciplina encargada de asegurar que los instrumentos de medición utilizados en transacciones comerciales o controles oficiales funcionen de manera correcta.
“El ciudadano confía en que cuando compra un kilo de carne, carga combustible o recibe una multa, el instrumento que mide todo eso está funcionando correctamente porque así lo certifica nuestro organismo”, señaló.
Esa confianza se basa en reglamentos técnicos que establecen cómo deben ser los instrumentos, cómo deben utilizarse y cada cuánto tiempo deben verificarse. No todos los elementos de medición están alcanzados por estas normas. “Una balanza doméstica o un tensiómetro de uso personal pueden cumplir normas técnicas, pero no están reglamentados. En cambio, una balanza utilizada en un comercio sí lo está”, comparó.
“El criterio es el uso. Si el elemento interviene en una transacción comercial, entra bajo control metrológico legal”, explicó Isleño.
Cómo funcionaba el sistema hasta ahora
Antes de ser comercializado, cada instrumento debía pasar por un proceso de aprobación de modelo, en el que se verificaba que cumpliera con las especificaciones del fabricante y la reglamentación vigente. Una vez en funcionamiento, debía someterse a controles periódicos para asegurar que mantenía su precisión.
Ese esquema tenía al INTI como organismo de aplicación estatal, con un rol central e imparcial en la certificación y verificación de los instrumentos.
Qué cambia con la nueva resolución
Según detalló Isleño, la Resolución 276 modificó ese sistema de manera sustancial. “Entre los principales cambios, equipara al INTI con laboratorios privados y traslada el rol del organismo de aplicación estatal al OAA, una entidad privada. A partir de ahora, actores privados están habilitados a realizar verificaciones”, explicó.
Para el especialista, la medida desconoce el rol histórico del organismo público. “Argentina era reconocida en el mundo por estas tareas del INTI. En los países desarrollados esa tarea la desarrolla el Estado para garantizar fiabilidad. Ahora organismos privados controlarán a privados”, advirtió.
Menos controles y más tiempo entre verificaciones
Otro de los puntos cuestionados es la modificación de los llamados “tiempos de contraste”, es decir, los plazos en los que los instrumentos deben volver a ser verificados.
“Instrumentos que antes se controlaban cada seis meses ahora lo hacen una vez al año; los anuales, cada dos años. En algunos casos, como los tanques de combustible de gran capacidad, la obligación fue eliminada”, detalló Isleño.
El metrólogo explicó que los equipos de medición se desgastan con el uso y pueden descalibrarse incluso sin intervención humana. “Los instrumentos pueden perder precisión por condiciones ambientales o envejecimiento y deben volver a ser verificados”, señaló.
Efectos en la vida cotidiana
La metrología legal no solo impacta en las compras diarias, sino también en aspectos vinculados a la seguridad vial. Radares de velocidad y alcoholímetros utilizados para labrar infracciones deben estar correctamente verificados para que una multa sea válida.
“Para que una infracción sea válida, esos instrumentos deben estar correctamente verificados”, insistió Isleño, al advertir que la confiabilidad de las mediciones es clave para garantizar derechos y obligaciones.
En paralelo, la normativa eliminó el régimen de control de autopartes de seguridad (CHAS), que regulaba elementos como cinturones, frenos, amortiguadores y airbags. Con su derogación, esos productos dejaron de contar con certificación obligatoria previa.
Reducción de personal y capacidad técnica
Los cambios se dan, además, en un contexto de fuerte reducción de personal en el organismo. Según indicó Isleño, en el último período se registraron alrededor de 800 desvinculaciones.
“Formar un metrólogo lleva años y la pérdida de personal impacta directamente en la capacidad técnica”, alertó el especialista, que también se desempeña como delegado gremial.
Desde el INTI remarcan que su función no es sancionatoria, sino preventiva. “El control público busca garantizar mediciones confiables, no sancionar”, explicó.
La discusión que se abre ahora es cómo garantizar controles efectivos y confiables en un esquema que modificó el rol del Estado y habilitó una mayor participación privada en la verificación de instrumentos clave para la vida cotidiana.
