Los gremios de la Asociación del Personal del Instituto de Tecnología Agropecuaria (APINTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Verde y Blanca) denunciaron “irregularidades” en los concursos a distintos puestos gerenciales del INTA.
Es que de las 22 convocatorias para renovar cargos de decisión clave dentro de la estructura del organismo científico, unas siete fueron impugnadas “por incluir requerimientos contrarios a la ley que rige el funcionamiento del INTA”, según denunciaron desde APINTA.
La denuncia del gremio coincidió con la demanda elevada desde otro de los gremios del organismo, el de ATE INTA, Verde y Blanca.
“Estos concursos tienen serias irregularidades que hacen evidente el objetivo del Consejo Directivo del INTA: ubicar en estos cargos gerenciales a personas afines a sus intereses y a su pertenencia política”, denunciaron desde la entidad gremial, a través de un comunicado.
Al igual que ATE INTA, APINTA denunció que los concursos abiertos en el mes de julio “contienen irregularidades que evidencian la intención de direccionar los resultados de estos concursos en línea con las afinidades del actual Consejo Directivo del INTA”.
Etchevehere, Balbín y la transición política
La denuncia llega en medio de la polémica generada al interior del organismo por la celeridad con que se está designando a funcionarios en cargos clave, en un período de transición política nacional.
Con ello, quedan en foco el actual ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y el actual presidente del INTA, Juan Balbín.
Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural, es una figura gravitante del sector agrario y mantiene fuerte influencia sobre la conformación del Consejo Directivo del organismo científico.
Por su parte, también mantiene lazos constantes con Juan Balbín, a cargo de la presidencia del INTA, un cargo político que es designado por el Presidente de la Nación.
De hecho, el presupuesto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) está definido bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, conducido por Etchevehere.
Por lo cual, la sospecha de los gremios es que, salvo ese nombramiento, que le corresponderá al electo presidente, Alberto Fernández, todos los demás cargos, decididos por concurso, están siendo “adulterados” para que en esa segunda línea gerencial del organismo haya funcionarios afines al gobierno de Mauricio Macri durante los próximos cuatro años.
Por supuesto que allí recae la duda sobre la presión que ejercen grupos económicos ligados a la agroexportación con fuerte representación dentro del agro, que integran el Consejo Directivo del INTA, como lo son la Federación Agraria (FAA), la Sociedad Rural (SRA) y Coninagro.
En ese sentido, el secretario general de APINTA, Mario Romero, afirmó al respecto que “el actual Consejo Directivo está cambiando reglas y requisitos en cada convocatoria con la idea de que algunos funcionarios que hoy cumplen funciones no puedan acceder a los concursos, o realizando los perfiles para poner hombres o mujeres amigas o amigos”.
Irregularidades en la selección de cargos gerenciales
Romero señaló que “mientras que, en la dirección de Transferencia y Extensión por ejemplo, se dejó fuera del concurso a una trabajadora del INTA con trayectoria y antecedentes aduciendo que su título no era afín al puesto concursado, a renglón seguido se pretendió forzar el ingreso al concurso para la dirección de Comunicación de una postulante que tenía las mismas condiciones de título afín, realizando interpretaciones sesgadas para su candidata”.
“Otro de los mecanismo fuera de las normas en que se ha incurrido es la realización de actas complementarias sin presencia de veedores gremiales, como en el caso de la Estación Experimental de Concordia (Entre Ríos)”, denunció APINTA.
Por eso, el gremio ya impugnó 7 de los 22 puestos de decisión clave en la estructura del INTA presentados desde julio, incluso el de Director Nacional, “por incluir requerimientos contrarios a la ley que rige el funcionamiento del INTA desde su creación en 1956 (Decreto Ley 21.680)”.
La principal incoherencia señalada para la impugnación era que se requerían estudios formales como maestría y posgrado que excedían lo establecido por ley. Al incorporar un requerimiento que no está en la ley,
“APINTA consideró que se excluía de estos concursos a gran parte de la ciudadanía por lo que solicitó dejar sin efecto las convocatorias observadas y realizar nuevas convocatorias ajustadas a derecho, lo cual fue omitido”, explicaron desde el gremio.
Así también lo hicieron desde ATE INTA Verde y Blanca quiénes, por su parte, apuntaron que, además, existen irregularidades y discrecionalidades cometidas por los evaluadores constatadas en las Juntas de Preselección y de Selección, donde “a los/as candidatos/as afines les han aceptado comprobantes de título en trámite de maestrías de dudosa fiabilidad y, por el contrario, a candidatos/as que no responden a sus intereses, pero con probada experiencia y trayectoria dentro de la Institución se los has excluido”.
“Desde APINTA nos manifestamos en contra de esta Resolución del Consejo Directivo, hemos realizado impugnación a todos estos concursos y vamos a solicitar la revisión de todos estos concursos porque se ha vulnerado la igualdad de oportunidades de los trabajadores y trabajadoras del INTA como de todos los ciudadanos que estaban en condiciones de participar de los mismos”, subrayó Romero, secretario general de APINTA.
Irregularidades en pases a planta permanente
Por su parte ATE INTA Verde y Blanca, denunció, también, que se recibieron denuncias de concursos que se han abierto para el ingreso a la planta permanente de la institución “que presentan ciertas irregularidades”.
“Ante estas discrecionalidades, motivadas también por cuestiones políticas, exigimos el cumplimento del criterio que tiene carácter de derecho consuetudinario en nuestra Institución: el pase a planta permanente debe darse en una unidad respetando el criterio de mayor antigüedad como planta no permanente dentro de INTA”, manifestaron desde ATE.
“Asimismo, instamos a la Institución a reconocer la antigüedad total de los agentes INTA para su pase a planta permanente, incluyendo también el período en el que revistieron carácter de contratados/as y becarios/as”, reclamaron desde el gremio.
Institución inoperativa
Desde el gremio le apuntaron al ajuste que sufrió el organismo durante los años del gobierno de Mauricio Macri.
En ese sentido apuntaron al “recorte presupuestario que afecta el funcionamiento operativo de la institución y condiciona sus líneas de trabajo
Como es de público conocimiento el INTA sufrió crecientes recortes en los presupuestos 2016, 2017, 2018 y 2019 que quedaron ampliamente por detrás de la inflación”.
“El ajuste ha dejado a la institución prácticamente inoperativa: se ha producido un desbalance tal que más del 90% del presupuesto está destinado al pago de salarios quedando poco y nada para el funcionamiento operativo -pago de servicios y alquileres de las instalaciones, combustibles para camionetas, mantenimiento de equipos-, situación que se vuelve cada más insostenible en tanto las tarifas y la inflación siguen en crecida, paralizando y desmejorando las actividades de investigación y de extensión. Además, las y los trabajadores tenemos un 40% menos de salario respecto al 2015”, sostienen desde ATE INTA.
Agricultura Familiar
Por último, desde el gremio apuntaron contra el ajuste y desmantelamiento que sufrieron las áreas que, dentro del INTA, no están dirigidas a la agroexportación como es la Agricultura Familiar.
Para ATE Inta, “la intención de las autoridades del INTA ha sido desmantelar el sistema de extensión agropecuaria, en consonancia con la idea neoliberal de privatizar este tipo de actividades o de delegarlas en el Ministerio de Desarrollo Social y darles una impronta asistencial”.
“Por eso se ha propiciado el desfinanciamiento en distintas líneas y se menospreció la actividad productiva de la Agricultura Familiar”, concluyeron desde el gremio.
