La universidad pública argentina atraviesa una situación angustiante. Pese al visto bueno del Parlamento nacional para la sanción de la Ley de Financiamiento, la misma está cajoneada por el gobierno de Javier Milei, que se abstuvo de ejecutarla hasta tanto se definiera el origen de los fondos para su puesta en valor.
En ese sentido, ante una emergencia sin precedentes, los gremios docentes confirmaron un paro de 72 horas para exigir el cumplimiento de la normativa, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente y otras necesidades relacionada al enorme atraso salarial que tienen los trabajadores de la educación, con sueldos de pobreza.
Las universidades, expectantes
Para ampliar más en esta problemática, en diálogo con el medio Conclusión, el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, comentó que «estamos a la espera de una respuesta de la Justicia respecto de la presentación que hicimos todas las universidades públicas del país reclamando lo obvio, que es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso».
«El 80% del personal docente percibe un salario por debajo de los $600.000. Eso se atiende con la Ley de Financiamiento; si no se aplica, tenemos un problema. El otro desafío es lograr que haya un presupuesto para 2026 y que el mismo incorpore como base para la distribución presupuestaria lo que estaba estipulado en la normativa», soslayó.
A la espera de la Justicia por el financiamiento universitario
Sobre esto último, se mostró más optimista e indicó:» Tenemos la expectativa de tener un presupuesto aprobado por el Congreso, el problema de estos dos años deriva de no haber tenido esa posibilidad».
«Lo que hay que modificar es la base. El dictamen mayoritario de Comisión proyecta para 2026 lo mismo que contenía la propuesta elevada por el Ejecutivo; un instrumento por debajo de la inflación proyectada por el propio Gobierno en el proyecto de Presupuesto elevado al Congreso», indicó.
«Necesitamos una modificación de esa propuesta que al menos contenga la base que garantizaba la Ley de Financiamiento aprobada y estamos pidiendo en la Justicia que se cumpla. Es decir, alrededor de un billón novecientos mil pesos más que los que estaban previstos», reforzó.
Con estas palabras, Bartolacci sintetizó el reclamo de toda la comunidad universitaria y educativa, uno de los sectores más afectados por el ajuste libertario, junto con la ciencia, la salud y los jubilados. Sin ley aplicada, el futuro de las casas de formación pende de un hilo, con trabajadores docentes y estudiantes pisoteados en sus derechos.
