El proyecto de ley de Presupuesto 2026 que el gobierno de Javier Milei envió en septiembre al Congreso de la Nación, y que comenzará a ser analizado desde mañana por los legisladores, tiene en alerta a investigadores de organismos científicos y a universidades nacionales, porque de antemano propone desinvertir fondos públicos en el sistema científico.
El 14 de octubre inicia otro camino parlamentario decisivo, cuando la Comisión de Presupuesto de Diputados comience a debatir la ley de Presupuesto 2026.
Allí, uno de los lineamientos del proyecto enviado por Javier Milei ya genera una advertencia al sector porque se propone derogar los artículos 5°, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que garantiza el aumento paulatino -o al menos la asignación equitativa a la partida previa- para tender al 1% del PBI de inversión científica hacia 2032.
Si bien, eso ya sucede en los hechos de parte del gobierno de Javier Milei, que ajustó en un 45% los fondos para el sector, si el proyecto se aprueba como fue enviado, se oficializaría el ajuste en los papeles.
Oficializar el ajuste al sector científico
La realidad es mucho más austera. Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), el presupuesto para ciencia y tecnología proyectado para 2025 es de 0,16% del PBI, piso histórico de las últimas dos décadas con una caída del 45,1% respecto a 2023. Además, el propio proyecto presupuestario estipula la reducción de 274 becarios en formación con respecto a 2024, pasando de 10.378 a 10.104.
Un informe del CEPA termina de ilustrar la reducción de la inversión diseñada en el Presupuesto 2026. En la propuesta oficialista, se estipula la disminución de financiamiento de organismos estructurales para el sistema científico nacional, con marcadas caídas en valores absolutos si se las compara con los fondos que se disponían en 2023. Sin considerar la emergencia financiera que también atraviesan las universidades públicas, algunas de las instituciones de referencia son la CONAE (-59,4%), la CNEA (-53,1%), el INTI (-49,6%), el INTA (-44,7%) y el CONICET (39%).
La situación de la ciencia nacional
A la desinversión en ciencia se le suman reclamos por venta de patrimonio (un edificio histórico en el barrio porteño de Palermo perteneciente al INTA por u$s18,5 millones, como ejemplo más representativo) y pedidos de investigación judicial por desvío de fondos correspondientes a créditos internacionales. En febrero de este año, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología elevaron una denuncia ante el Banco Interamericano de Desarrollo por la retención de u$s53 millones, que tenían como objetivo financiar proyectos científico-tecnológicos. Luego presentaron un amparo contra el Estado Nacional por la “denegatoria al pedido de información pública”. La causa está en manos del juez Alejo Ramos Padilla.
El pasado 3 de octubre, y previendo que se iba a tratar en el Congreso la emergencia en el sector, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación lanzó como respuesta las primeras convocatorias de apoyo a la investigación científica, con énfasis en desarrollos tecnológicos, de validación de productos y el “diseño de estrategia de negocios”.
Investigadores sin alta en el CONICET
En simultáneo, profesionales de todas las regiones se manifestaron por haberse cumplido dos años desde que fueron anunciados como investigadores pero siguen sin tener el alta en el CONICET. Se estima que hay 1.200 personas en esa situación. Según la CIICTI, se habrían perdido 4.148 empleos en el sector científico y tecnológico desde diciembre del 2023 a mayo de este año.
La caída de ingresos ocurrió en todos los órdenes, incluso en los salarios y en los fondos de los nuevos investigadores. Según un estudio publicado en octubre de 2025 por la CIICTI, los fondos para becas del CONICET y CIC disminuyeron un -36,2% en términos reales, si se los compara con noviembre de 2023. También se redujo la ejecución en insumos (-50,0%), bienes de uso (-63,3%) y transferencias (-82,0%), si se toma como medida septiembre de 2023. Esas cifras pueden representar una alerta necesaria para que desde el Congreso se inicie una reacción en el debate por los fondos de 2026, desde donde es posible revertir la urgencia que atraviesa la ciencia nacional.
