El Gobierno tomó la decisión de vender en un solo día los dólares equivalentes al presupuesto anual de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras en Diputados se ratificó la ley de Financiamiento Universitario para recomponer salarios docentes y no docentes.
La iniciativa oficial del Presupuesto 2026 incluye, además, la propuesta de eliminar el piso legal de inversión en educación equivalente al 6% del PBI.
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Para contener el dólar el Banco Central (BCRA) vendió entre el miércoles y el viernes de la semana pasada u$s1.110 millones, lo que equivale a dos presupuestos anuales de la UBA (gastos de u$s500 millones en 2024 y 2025).
El Gobierno afronta una crisis política con el caso de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sumado a las derrotas en Diputados con las leyes de Financiamiento Universitario y del Garrahan y en el Senado con los ATN a las provincias y la suba del dólar.
“Confiamos plenamente en el programa. No nos vamos a mover, no va a haber cambios. Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. Hay suficientes dólares para todos”, aseguró Caputo en una entrevista.
Los movimientos del Banco Central de la semana pasada
Tomando el dato de este jueves y viernes donde el BCRA vendió u$s389 millones y u$s678 millones respectivamente, en un solo día el Gobierno usó en reservas el equivalente a un presupuesto anual de la Universidad de Buenos Aires, tan solo para contener el precio del dólar.
Con el debate de la “ley de leyes”, el tema del financiamiento educativo se reaviva, ya que el proyecto del Gobierno intenta derogar el 6% del PBI como piso para el presupuesto de educación estipulado por ley: El presupuesto para universidades de 2025 oscila el 0,5% del PBI, mientras que para 2026 uno podría estimarlo por debajo.
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Además para 2026 propone derogar el piso que se garantizaba para toda la educación que se conoce como gasto público consolidado, estipulado en la Ley de Educación Nacional.
El balance en estos casi dos años de gestión libertaria para las universidades en materia de inversión y financiamiento fue totalmente negativo: recorte presupuestario, salarios reducidos en un tercio, faltante de recursos para funcionamiento y obras de infraestructura frenadas.
Si bien el Gobierno no cerró las universidades nacionales, las obligó a funcionar con una escasez tal de recursos que les generará una merma en su desempeño.