A minutos de que el Senado de la Nación frene los decretos de desregulación de organismos públicos, y de que la Justicia en lo Contencioso Administrativo confirme el aval a una medida cautelar presentada desde la Asociación de Trabajadores del Estado y desde APINTA, desde el juzgado de Martina Isable Forns, el gobierno publicó un decreto con el que pasa a disponibilidad a 367 trabajadores de los organismos que no podrá desmantelar.
Eran las 18.05 del 21 de agosto, cuando en el Senado ya había votado el rechazo al decreto de desguace del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de la Semilla, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Caputo vs. la democracia
Una hora y media después, a las 19.28 el ministro Caputo firmó el pase a disponibilidad de los 367 trabajadores, con una celeridad que muestra la semana negra que atraviesa el gobierno nacional.
“Lo más probable es que salga otra cautelar que plantee que es inaplicable el proceso de pase a disponibilidad porque para que se pueda aplicar el pase a disponibilidad es eliminación de los puestos de trabajo y al no haber reorganización de los organismos los puestos de trabajo siguen existiendo”, le explicó Jorge Duarte, el periodista y editor del medio Infogremiales a Periferia, al ser consultado sobre el decreto de Caputo.
“Los puestos de trabajo no desaparecen porque no es que no hay más disponibilidad de lo que ellos hacían, de hecho lo que pasó ayer es que el Senado confirmó que siguen existiendo todos los organismos con las mismas funciones, pero van a tener que ir específicamente por esto a la Justicia”, sostuvo y planteó que los gremios “seguramente ya van a ir a la Justicia para revisar los pases a disponibilidad caso por caso”.
Corrupción, fentanilo y el Congreso en contra
Es que días antes se conocieron los audios de Diego Spagnuolo revelando casos de corrupción y coimas millonarias de Karina Milei a un laboratorio, y está en la mira, además, las desregulaciones de los controles de la ANMAT que pudieron ocasionar ya más de cien muertes por el fentanilo contaminado.
Con fecha del 21 de agosto, el Boletín Oficial publicó la medida de pase a disponibilidad firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
En total, son 286 puestos de trabajo del INTA, 8 del INASE y 49 del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Revanchismo del Gobierno contra el INTA
En el texto, Caputo pasa a disponibilidad a más de 300 empleados de planta permanente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). De hecho, en la Resolución se adjunta el listado de personal que es alcanzado por la determinación.
El dato, no menor, es que ayer mismo quedó rechazado por amplísima mayoría el DNU por el que esos organismos pasaban a la órbita de Caputo en utilización de las facultades delegadas al Presidente Javier Milei.
“Mientras senadores y diputados defienden al Estado y a sus trabajadorxs, vos seguís desconociendo al Poder Legislativo. Sos una mierda”, le apuntó en sus redes a Caputo el líder de ATE Capital Daniel “Tano” Catalano.
Cautelar
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya demandó ante la Justicia al Gobierno Nacional una cautelar para suspender las resoluciones de los Ministerios de Capital Humano, Economía y Desregulación y Transformación del Estado que disponen el pase a disponibilidad de cientos de trabajadores, vulnerando el derecho a la estabilidad laboral.
“El régimen de disponibilidad que dispuso el Gobierno es manifiestamente ilegal. Las resoluciones ministeriales son inválidas, arbitrarias y violan derechos laborales consagrados en la Constitución. Ni las facultades delegadas oportunamente otorgadas ni la Ley Bases justifican este pisoteo al derecho a la estabilidad en el Empleo Público”, había indicado Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
Dado ese antecedente y el vacío que genera el rechazo del DNU que lo ponía bajo su órbita, se espera que ese sea el camino que se encare en este caso y que la determinación de Caputo termine en sede judicial.
“El Poder Ejecutivo está excedido en sus atribuciones y de ninguna manera se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para que algún agente sea declarado en disponibilidad. No podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la ‘dotación óptima’”, había agregado el referente estatal.
