El Gobierno de Río Negro confirmó un salvataje económico a la empresa Alcalis de la Patagonia (ALPAT), que opera en San Antonio Oeste, con el fin de evitar despidos y asegurar la continuidad productiva de su planta. La ayuda será de 617 mil dólares mensuales durante cinco meses, totalizando más de 3,5 mil millones de pesos al valor actual del dólar oficial.
La medida busca sostener el acuerdo de “paz social” alcanzado entre la empresa y los gremios, el cual vencía esta semana. Si bien se renovaron los compromisos, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQYP) continúa en estado de alerta, exigiendo precisiones sobre la regularización de los sueldos, actualmente pagados en cuotas semanales, y una posible recomposición salarial.
Intervención del gobierno de Río Negro a ALPAT
Según informó el Gobierno, el desembolso inicial será a mediados de junio. El respaldo estatal provendrá de fondos obtenidos por la renegociación de contratos petroleros, contemplados en una ley que habilita la intervención estatal en contextos de crisis social y económica. El ministro de Gobierno y Trabajo, Fabián Gatti, había anticipado el lanzamiento de un programa de acompañamiento a empresas en situación crítica, destacando el caso ALPAT como prioritario.
Propiedad del Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa, ALPAT es la única productora de carbonato de sodio de Sudamérica, insumo estratégico para las industrias del vidrio, papel, química, litio y petróleo. Con 400 empleos directos y más de 1.000 indirectos, es el principal motor económico de San Antonio Oeste, ciudad ubicada en el Golfo San Matías, donde también se prevé que confluyan futuras exportaciones de hidrocarburos desde Vaca Muerta.
La empresa enfrenta una crisis estructural agravada por el alto costo del gas y una caída sostenida de ventas debido a la apertura de importaciones desde China. En marzo presentó un plan de crisis que derivó en el primer acuerdo de “paz social”, ahora renovado.
En paralelo, lanzó un plan de retiros voluntarios con indemnización y pagos adicionales, pero la adhesión fue escasa. La meta de reducir en 100 puestos (20% del plantel) sigue pendiente. Se acordó extender el plazo de adhesión tres semanas y reforzar la campaña de difusión. Además, la empresa reclama una revisión de los convenios colectivos de trabajo.
