Este 31 de enero se podría definir el futuro de IMPSA si es que el grupo inversor que quiere ingresar como nuevo dueño termina de sellar un acuerdo para reestructurar la millonaria deuda de la ex empresa de la familia Pescarmona.
Se trata del fondo de capitales norteamericanos y venezolanos ARC Energy, que negoció su ingreso a la metalúrgica ofreciendo quedarse con las acciones en manos del Estado nacional y de la provincia de Mendoza:
El 63,7% del capital de la empresa de infraestructura tecnológica mendocina que es clave en proyectos estratégicos de gran envergadura en defensa y salud está en manos de la Nación a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo; el 21,2% de Mendoza; 15,1%. es de propiedad privada; 9,8%, del fondo de capital controlado por los acreedores de la compañía y 5,3% del fideicomiso de capital controlado por los Pescarmona.
La empresa mendocina es clave para el sistema científico y académico porque atrae enorme cantidad de know how de universidades y organismos para proyectos de carácter estratégico a nivel nacional como la creación de tecnología eólica, desarrollo de tanques para la industria de la defensa y turbinas para centrales hidroeléctricas. Su implicancia en proyectos de ingeniería y de conocimiento científico es tal que es conocida como “la INVAP mendocina”.
Como se sabe, el gobierno de Javier Milei busca re privatizar IMPSA y para ello, hace dos semanas aprobó la propuesta de ARC Energy de realizar un pago inicial a modo de desembarco de US$27 millones pero también de asumir el compromiso de acordar con los acreedores una forma de cancelar el pasivo de la empresa que supera los US$550 millones.
¿Naufraga la primera privatización de Milei?
En este caso, la propuesta del grupo extranjero era la de tener la propuesta de reestructuración acordada antes de este viernes 30/01 ya que, de lo contrario, la operación podría volver a fracasar y la empresa se mantendría en manos estatales hasta encontrar un nuevo interesado.
Los ejecutivos del fondo que a su vez es propiedad del consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), se comprometieron con las autoridades del Ministerio de Economía de la Nación a intentar acordar con los principales acreedores.
El ministerio que dirige Luis Caputo es el que tiene a su cargo el proceso de salida tanto del Estado nacional como de Mendoza del capital de IMPSA, cuya sede se encuentra en la localidad de Godoy Cruz
La Comisión Evaluadora que formó Economía recomendó adjudicar el paquete mayoritario al fondo para mostrar lo que sería la primera privatización concreta del gobierno de Javier Milei. En el documento oficial difundido por el directorio de IMPSA a mitad de enero, se informó oficialmente que ARC Energy había solicitado hasta fin de este mes para firmar el acuerdo definitivo, condicionado al refinanciamiento de la deuda con sus acreedores.
“IAF solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener consentimientos al refinanciamiento de la deuda de Impsa. De cumplirse esta condición (o si IAF renuncia a ella), se procederá a la redacción del contrato de compraventa”, argumentaba el paper de IMPSA.
Los acreedores
Entre los acreedores de IMPSA se destacan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Banco Nación y el fondo de inversión chileno Grupo Moneda, vinculado al viceministro de Economía, José Luis Daza. Tal como se detalla en el informe de IMPSA, la cartera económica también dejó en claro el pedido de ARC Energy para obtener el refinanciamiento de la deuda que guarda con los acreedores de Impsa, que alcanza la cifra de US$ 576 millones.
Otras condiciones para que el pre acuerdo se convierta en una decisión final son la conformidad de los acreedores o la renuncia de IAF a esta exigencia antes del 31 de enero o el levantamiento por parte del oferente de dicha condición. También, que se suscriba el contrato con el Estado nacional y Mendoza antes de la misma fecha; un depósito inicial de US$S 5 millones a modo de respaldo de las operaciones comprometidas en IMPSA y la continuidad del contrato entre Impsa y EPSE S.E. para el desarrollo del Parque Fotovoltaico Alfa.
A esto se le suma la necesidad de negociar o dar por finalizados los contratos que la metalúrgica posee con varias sociedades oficiales sin que dicha determinación abra la puerta a reclamos judiciales futuros. Por ahora, tanto en el seno de ARC Energy con en el Gobierno no existen certezas de que esa negociación pueda finalizar con éxito ya que no se sabe si el fondo extranjero pudo ofrecer un mecanismo de pago de la deuda a los principales acreedores entre los que también se encuentran el Export Development Canada; la Corporación Andina de Fomento y bonistas internacionales y el grupo brasileño Bradesco, así como el Bapro; el Banco Hipotecario; el BICE y tenedores de varias series de Obligaciones Negociables (ON).
