La semana empieza complicada para el Gobierno de Javier Milei en su relación con el Congreso, y por dos temas con los que viene perdiendo capital político y social a toda velocidad: jubilaciones y universidades.
El martes se trata en Diputados el proyecto de Presupuesto 2025 enviado a mediados de septiembre por el Poder Ejecutivo. Allí, el gobierno de Milei planea ajustar el 8% a lo jubilados y otorgar la mitad de los fondos que las universidades necesitan para funcionar. La situación puso en alerta a sectores de la oposición “dialoguista” (UCR y Encuentro Federal) que ya planean subir los fondos para las universidades públicas y para los jubilados en la llamada “ley de leyes”.
Pero, además, dos días después, la misma Cámara de Diputados, tratará en sesión especial el rechazo al veto de Javier Milei contra la Ley de Financiamiento Universitario (que estipula la suba de salarios y gastos de funcionamientos para las universidades este 2024 a valores del Índice de Precios del Consumidor).
El ajuste a las jubilaciones y a las universidades de Javier Milei fueron el caldo de cultivo para sus dos principales derrotas legislativas de este año, que obligaron a firmar sus primeros vetos. Estos debates no concluyeron: se retomarán durante el tratamiento del Presupuesto 2025, que empezará el martes en la Cámara de Diputados.
Tanto la Unión Cívica Radical como Encuentro Federal, los bloques opositores que necesita el Gobierno para lograr mayoría, pedirán incorporar a la ley de leyes una suba del 8% a las jubilaciones -como planteaba la vetada ley–, pero además incrementar el presupuesto universitario, junto a la imposibilidad de que el Presidente lo distribuya a discrecionalidad.
Dos tercios para veto y para el Presupuesto 2025
Con el respaldo de Unión por la Patria, estos sectores puede tener una cómoda mayoría en ambas cámaras y acarician los dos tercios para resistir eventuales vetos.
Para no ser acusados de contribuir al déficit, quienes controlan la llamada oposición dialoguista propondrán ajustar partidas que crecieron, como la de la SIDE o la secretaría general; y eliminar exenciones impositivas, denominados gastos tributarios (como el impuesto a los grandes ingresos que habilita a los sectores de clase alta a no pagar por sus bienes de lujo en el exterior). También hay reclamos por la falta de asistencia a las provincias y las deudas a las cajas previsionales locales.
El texto, que fue presentado por Milei en Diputados el 15 de septiembre y contempla una inflación anual de 18%, dólar a 1207 y crecimiento del 5%, empezará a debatirse en la comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert. Están invitados Carlos Guberman (secretario de Hacienda) y Pablo Quirno (secretario de Finanzas). Habrá reuniones semanales hasta el 20 de noviembre, cuando el oficialismo espera llegar a un dictamen, en un trabajo en espejo con el Senado para tener garantizada la sanción.
No quisieron participar del debate legislativo el ministro de Economía, Toto Caputo, ni el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El bloque EF exigirá la presencia de ambos. “A Caputo, le vamos a permitir que vaya después de los secretarios y ministros. Si no va, no vamos a firmar el dictamen”, avisó Nicolás Massot.
Universidades
Las escasas partidas para las casas de altos estudios y para la ANSES fueron cuestionadas por todas las fuerzas de la oposición. Su caída no que otra cosa que la licuación que hubo por la aplicación del Presupuesto 2023 -que fue prorrogado- y la estampida inflacionaria de diciembre y enero.
En un documento elaborado junto a gobernadores radicales, el bloque de la UCR enumeró las objeciones al Presupuesto 2025, que incluye seis consideraciones y siete artículos a modificar.
Uno de ellos es el 17, que permite interrumpir la remisión de fondos a las universidades si no remiten la información exigida por Milei. “Se introduce un riesgo operativo significativo para las universidades, que dependen de la regularidad de las transferencias para mantener sus actividades”, alertan en la UCR.
El trasfondo de este artículo es la polémica por las auditorías de las casas de altos estudios, una tarea que debe llevar a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN) que, según el Gobierno, no la hace. “Existe el riesgo de que estas exigencias se utilicen de manera arbitraria”, señalan en la UCR. En el partido centenario sorprende, además, el incremento a las universidades de Florencio Varela y Avellaneda, en desmedro de las más grandes. Son casas de estudios cercanas al kirchnerismo.
El presupuesto prevé $ 3,8 billones para las 62 universidades, la mitad de los $7,2 billones que reclamó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “Lo que hicieron fue poner el ejecutado de este año, sin la paritaria ni los refuerzos de fondos para 2025”, sostuvo ante Letra P la diputada radical Danya Tavela.
La ley vetada por Milei aumenta las partidas por inflación para gastos de funcionamiento y salarios durante 2024 y deja librado a negociación las de 2025. Al margen del destino del rechazo presidencial -el Congreso aún puede voltearlo- la oposición podrá reescribir ese texto en el Presupuesto.
Pelea por jubilaciones
El documento de la UCR también propone agregar al artículo 69 del Presupuesto un incremento del 8% de las jubilaciones, tal como estaba previsto en la vetada reforma previsional. No aclara si propondrá que sea retroactivo a abril, como en la ley vetada.
Milei sólo propone ratificar la fórmula de movilidad que dispuso por DNU -indexar por inflación- y el radicalismo solicita revisar para que sea “justa y equitativa”.
La eliminada ley solicitaba una actualización anual por salarios, que tomara en cuenta el 50% del crecimiento real. El debate volverá porque en EF y la Coalición Cívica piden una recomposición que contemple la inflación de enero
La única condición que puso el Gobierno para aceptar cambios es que se respete el equilibrio fiscal y el juego de la oposición dialoguista -con la ayuda implícita de UP- será encontrar fuentes de ingreso para mejorar reforzar otras partidas.
“Hay tres deudas con tres sectores que han pagado más el ajuste que el resto de la sociedad: jubilados, universidades y provincias. Nosotros vamos a votar un Presupuesto y va a ser uno con equilibrio fiscal, pero no el que mandó Milei”, sostuvo Massot, en declaraciones radiales.
El diputado confirmó que la principal fuente de ingresos provendrá de una revisión de “los regímenes especiales” como se denomina a las exenciones tributarias que benefician a sectores como la industria electrónica, entidades financieras, cooperativas y funcionarios judiciales, que implican un 3,8% del PBI. “Vamos a acompañar un Presupuesto de equilibrio pero con estas correcciones”, anticipó Massot.
Karina y Caputo, en la mira
En la UCR y EF tienen en la mira otras partidas a recortar para girar a la jubilados y universidades, como las de la secretaría general de la Presidencia a cargo de Karina Milei; y a la SIDE, en manos de Sergio Neiffert, cercano a Santiago Caputo, aunque prefiera negarlo.
“La SIDE se lleva 300 puntos de aumento: 200 palos verdes la SIDE el año que viene. Es de las pocas partidas que crece en términos reales. ¿Cómo puede ser? ¿Con qué criterio? ¿Cómo puede ser que la SIDE, que es una cueva de cuentapropista que despidan a opositores hace 20 años? ¿Cómo puede ser que la SIDE sí se pueda arreglar, y a las universidades hay que romperlas porque no podemos lograr las auditorías?”, se preguntó Massot.
El martes, Guberman deberá responder a otros cuestionamientos sobre lo que la oposición considera que son trampas metodológicas, como la continuidad de asignaciones específicas de impuestos cuando se interrumpió el objeto. Un caso es el del impuesto a los combustibles líquidos ,que iba al fondo compensador del transporte. La UCR pedirá coparticipar con las provincias.
Otra anomalía es la sobreestimación de la recuperación económica y la subestimación de la inflación. Massot anticipó que exigirá un detalle de qué gastos se van a recortar si entra menos plata, sobre todo porque el proyecto faculta al jefe de Gabinete a actuar con discrecionalidad.
Fondos previsionales
La oposición también pedirá no bloquear la totalidad de la obra pública, no desindexar gastos sensibles (como las asignaciones familiares) y mantener los aumentos en la inversión educativa previstos en la ley de financiamiento educativo y la de ciencia y técnica, que el proyecto suspende.
Otra batalla será por las cajas previsionales de las 13 provincias que no las transfirieron a la ANSES. El compromiso está obligado a financiar el déficit, al menos hasta igual lo que paga el organismo nacional. El Presupuesto establece una partida $254.421.000.000 para cubrir con este compromiso, pero pone límites.
Establece que sólo se girará a “aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido” y que la ANSES podrá “dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que se requieran”. En el Gobierno aseguran que muchas provincias simularon un déficit los últimos años y recibieron fondos que no les corresponden. Será una de las discusiones del Presupuesto. Una de tantas.
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