El presidente Javier Milei envió este domingo al Congreso el Presupuesto 2025 en el que se proyecta una inflación del 18%, un dólar a $1200 y un incremento del PBI del 5%. La “Ley de leyes” autoriza un gasto total para universidades nacionales de $3.8 billones y, en caso de ser aprobado, habilitaría un esquema de auditorías con el que el Ministerio de Capital Humano podría suspender las transferencias.
Eso es algo más de la mitad de lo que los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional elevaron el 3 de septiembre a la Secretaría de Educación, tras el 92° Plenario de Rectores y Rectoras del CIN, en La Pampa.
El pleno del Consejo acordó un proyecto de presupuesto universitario para 2025 que contemple aumentos razonables para el normal funcionamiento del sistema el próximo año. Allí se anunció que será elevada una planilla que estipula un total final de 7,19 billones de pesos, que se estima en un monto que representa el 1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.
La propuesta está en sintonía con el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que recientemente obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación.
En ese sentido, el Consejo aprobó un acuerdo plenario que otorga apoyo formal y solicita la aprobación y posterior promulgación de la ley mencionada. Además, el documento propone que las autoridades del propio CIN avancen en gestiones con senadores y senadoras que representan a cada provincia para explicarles la importancia de que esta normativa se efectivice prontamente.
El 92° Plenario del CIN fue declarado de interés municipal» por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa, por «su importancia para el desarrollo de políticas educativas y el fortalecimiento del sistema público de educación superior en Argentina».
La mitad de lo que piden las universidades
El jefe de Estado acudió al Congreso para presentar el presupuesto con foco en el equilibrio fiscal. “No es una ley más”, dijo Milei, ya que su piedra basal “es el déficit cero” para frenar el “gasto compulsivo” de los gobiernos.
“Hoy estamos aquí para presentar un Presupuesto nacional que va a cambiar la historia de nuestro país, de manera que volvamos a ser la argentina grande que alguna vez fuimos. Hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado”, destacó y agregó: “Este presupuesto blinda el equilibrio fiscal, sin importar el escenario económico. Independientemente de lo que suceda a nivel macro, el resultado fiscal estará equilibrado”.
En ese sentido, con el fin de controlar el gasto, el Gobierno pidió a través del Presupuesto 2025 poder auditar el envío de fondos a las universidades nacionales, una facultad que actualmente recae sobre al Auditoría General de la Nación (AGN), bajo aprobación del Congreso.
El artículo 17 fija como crédito para “financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de PESOS TRES BILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS ($3.804.260.408.806), de acuerdo con el detalle de la Planilla Anexa al presente artículo”.
A continuación, el proyecto indica que las Casas del Altos estudios “deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias dependiente de la Secretaría de Educación del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”.
Luego propone que el ministerio que conduce Sandra Pettovello “podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.
Además señala que cada universidad deberá indicar para cada ejercicio fiscal “la clasificación funcional de Educación y Cultura; Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación. La ejecución presupuestaria y contable, así como la cuenta de inversión deberán considerar asimismo el clasificador funcional”. Y, en cuanto a las plantas de personal docente y no docente sobre las que se aplicarán los aumentos salariales en el año 2025, aclara que “serán las vigentes a las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2024”, salvo los aumentos de las plantas aprobadas y autorizadas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Cómo se auditan las universidades nacionales
Actualmente, las auditorías de las universidades nacionales son potestad de las propias autoridades de los establecimientos educativos y de la AGN. Así lo confirmó meses atrás su titular Juan Manuel Olmos, quien advirtió que el Congreso es el ente encargado de pedir las auditorías a las universidades.
En abril, en pleno conflicto con los sectores universitarios en reclamo por los recortes presupuestarios, el Poder Ejecutivo remarcó que el objetivo se centra en poder auditar a las casas de estudio: “La educación pública es un derecho. Auditar es una obligación”, dijo Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, en consonancia con las intenciones del presidente Javier Milei.
Según la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, las auditorías internas están a cargo de cada institución que, a su vez, en determinados casos, trasladan el detalle de sus cuentas a la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano unipersonal dependiente del Consejo Superior, quien reporta al Congreso.
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