La Cámara de Diputados de Mendoza autorizó la privatización de la empresa metalmecánica mendocina. La empresa de infraestructura tecnológica para proyectos estratégicos de gran envergadura perteneció a la familia Pescarmona y por negocios truncos durante el kirchnerismo cayó en procedimiento de crisis.
En 2021, la estatizó el gobierno de Alberto Fernández y antes de fin de año, puede ser la primera empresa privatizada por el gobierno de Javier Milei.
Fueron 27 votos a favor, 17 en contra y 3 ausencias, para que Diputados de Mendoza apruebe que el 21% de las acciones que están en manos de la provincia puedan pasar a manos privadas.
A favor de venderla
Por la afirmativa votó el oficialismo que encara la UCR, con aliados del PRO y la Libertad Avanza. Los 17 votos negativos, fueron del Partido Justicialista, La Unión Mendocina y bloques unipersonales.
Para que esta decisión -que tiene el aval del gobernador Alfredo Cornejo (UCR)- se convierta en ley, se necesita que lo trate y apruebe el Senado provincial, lo que podría ocurrir en 15 días.
Persisten las dudas sobre el futuro de Impsa y quién de los grupos de Estados Unidos, España y Chile que han mostrado interés pueden quedarse con la empresa fabricante de turbinas, equipamiento parques eólicos y desarrollo de centrales atómicas.
En el proceso licitatorio, la única empresa que se ha presentado es la estadounidense ARC Energy, dedicada a la fabricación y comercialización de plantas y equipamientos en la industria del Oil and Gas, quien oficializó el interés en adquirir y capitalizar a Impsa.
El Gobierno nacional controla el 63,72% de las acciones de la metalmecánica. Pasó a manejar el paquete mayoritario con la estatización de la compañía en 2021. Mendoza tiene el 21,2%. El resto de las acciones se reparten entre un fondo de acreedores con un 9,78% y los Pescarmona, que conservan un 5,26%.
Una empresa estratégica
Impsa exporta el 85% de su producción y tiene presencia en más de 40 países al generar equipamiento para la industria de petróleo y gas, energía hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar fotovoltaica. Entre sus proveedores, figuran YPF, Enarsa, las Fuerzas Armadas, Fortescue, el Ejército de EE.UU, Dioxitec, Nucleoeléctrica, Yaciretá y el CAREM, el primer proyecto de reactor nuclear argentino.
En los últimos meses y ante la caída de proyectos en marcha, muchos por decisión de la administración Milei, el gobierno nacional tuvo que cubrir los salarios de más de 720 empleados propios, y hubo retraso en el pago de los aguinaldos.
A pedido del gobierno radical, la Legislatura de Mendoza sancionó en 2021 la Ley 9.319 que dispuso autorizar al Ejecutivo provincial a suscribir e integrar, el 21,2% de las acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de Impsa.
En lel texto de la revocación de esa ley, en la media sanción en Diputados, se sostiene el fundamento de la privatización: “cumplido el objetivo y existiendo actualmente posibles compradores nacionales e internacionales interesados en la adquisición de las Acciones Clase C de la provincia, se hace necesario gestionar la autorización legislativa para desvincular la participación del Estado provincial en el paquete accionario”.
La caída
Los problemas de la metalúrgica se iniciaron en el 2010 cuando tomó deudas para la filial IMPSA Brasil y no logró cobrar proyectos en Venezuela. Después de negociar varios años, logró reestructurar su pasivo de US$ 1.136 millones. En el último acuerdo en 2020, acordó un período de gracia hasta 2025, intereses del 1,5% anual y pagos de amortizaciones en 9 cuotas anuales de 2028 a 2036.
En 2021, la administración del Frente de Todos aumentó la participación del Estado con un salvataje que, en los hechos, resultó trunco. Ese año, la empresa recibió $ 1.800 millones (US$ 20 millones) en concepto de capitalización del gobierno nacional y el de Mendoza, y en 2022, $ 2200 millones (US$ 14 millones) por aportes no reembolsables de la Nación.
Según fuentes de la gestión previa, durante el 2022 y el 2023, se firmaron contratos nuevos por un monto total de US$ 250 millones (US$ 118 millones con clientes que solicitaron financiamiento del FONDEP de la secretaría de Industria) y el año pasado fue el primero en el que la empresa no necesitó fondos nacionales. Con todo, desde Economía afirman que no logró revertir el déficit.
El próximo capítulo de la historia se abrirá la semana próxima, cuando vence el plazo para que la empesa norteamericana ARC Energy concrete su oferta.
Luego, se publicará la oferta recibida y se iniciará el plazo para mejorarla, que podrá extenderse por 60 días. Si nadie supera la propuesta original, se dará inicio al proceso formal de la privatización de IMPSA.
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