El Gobierno de Javier Milei consiguió patear el debate en Diputados sobre el proyecto de actualización presupuestaria para las universidades nacionales que fue presentado por la legisladora Danya Tavella (UCR), tras un acuerdo con el radicalismo y la Coalición Cívica para anteponer dos charlas informativas previas la semana del 7 y el 14 de mayo.
Así como lo hizo Sandra Pettovello y Carlos Torrendell con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a quienes no le llevaron ni una definición sobre la suba del presupuesto que las casas de estudios superiores necesitan para funcionar, en Diputados el Gobierno se anotó otra dilación con sabor a victoria parcial, para llegar al segundo cuatrimestre entregando un presupuesto por debajo de la supervivencia a las universidades.
La situación, que es crítica y se reflejó en la masiva movilización universitaria de la semana pasada, tiene a las casas de altos estudios contra las cuerdas, porque el gobierno de Javier Milei decidió que las universidades funcionen con los mismos fondos que en 2023, con una inflación que se proyecta arriba del 250%. Así, muchas universidades ya avisaron que dejarán de funcionar después de mitad de año.
A nivel político, a pesar del duro golpe que significó la marcha universitaria para el Gobierno, la gestión de Milei salió a dilatar la discusión con los rectores y en Diputados, envalentonado por la media sanción a la Ley “Bases”.
¿De qué se tratan los proyectos?
El proyecto de Danya Tavella, cercana al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, propone actualizar los giros a las casas de estudios superiores en función de la inflación del año pasado. Además, crea una fórmula de indexación bimestral, que combina un 50% la suba de precios (IPC), el 25% la variación del dólar y en otro 25% la de las tarifas de servicios públicos. Y propone que el presupuesto universitario se divida en 15% para gastos operativos y 85% sueldos. Este último porcentaje suele superar el 90%.
Por su parte Pamela Calletti, de Innovación Federal, exige una actualización permanente por IPC del 1 de enero. Una iniciativa similar tiene Julia Strada, de UP. Su compañero Pablo Carro propone subsidiar tarifas de servicios públicos.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó la licuación del presupuesto universitario y aseguró que ya fue devengado en un 95 y 123%, pero no exigió un trámite legislativo rápido para resolver esa cuestión. “Hagamos una hoja de ruta de cuatro o cinco reuniones”, propuso.
Pues bien, a último momento los diputados oficialistas consiguieron que no se debatan (pese a la urgencia que atraviesan las universidades) y que se interpongan dos charlas informativas previas, la semana del 7 y el 14 de mayo próximos. Allí, el Gobierno llevará al inefable de Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias que, con un sueldo de casi tres millones de pesos, sus gestión más visible pasa por retuitear denuncias de supuestos estudiantes y militantes libertarios contra rectores, universidades y docentes de las entidades académicas.
Con aval radical
La UCR y la Coalición Cívica avalaron esta estrategia (ya a esta altura son socios del gobierno libertario), y entonces el debate, que además debe darse en la Comisión de Prespuesto, deberá esperar para ver si obtiene dictamen y pasa al recinto.
Tavela respaldó a Ferraro y pidió no apurarse: “La expresión de la marcha, lejos de marcar un ‘Vayan corriendo detrás de la solución’ fue un ‘Encuentren la solución de manera dialogada, consensuada y que pueda ser implementada’”.
Los tiempos de los dialoguistas no fueron compartidos por UP y la izquierda, que llegaron preparados para dictaminar. “Las universidades necesitan saber su funcionamiento real. Tenemos que votar en el recinto un criterio”, reclamó Daniel Arroyo, de UP. Su compañera Blanca Osuna protestó por la ausencia en el temario de proyectos para restablecer el Fonid y el fondo compensador.
Romina del Plá, de la Izquierda, se molestó con la dilación. “El llamado para dictaminar no puede demorarse más. Sino parece que estamos discutiendo y no estamos discutiendo nada”, protestó.
Calletti también pidió acelerar los tiempos. “Estuvo esta mañana en la Universidad de Salta. El gasto de funcionamiento fue de 90 millones y la factura de luz 58”, contó.
Christian Castillo, de la izquierda, recordó que sin el PRO y la Libertad Avanza, la oposición puede llegar a los dos tercios, aprobar un aumento del presupuesto e impedir el veto presidencial.
El jefe de UP, Germán Martínez, intentó que al menos haya certezas de dictaminar en 14 días y no lo logró.
Ferraro defendió el cronograma acordado: “No le podemos mentir a la gente diciendo que si logramos dictamen vamos a bajar el recinto. No vamos a tener dos tercios sin un orden del día”, sostuvo el diputado de la Coalición.
Espert, el otro escollo para los proyectos
Los tiempos en el Congreso para que el debate universitario llegue al recinto pueden estirarse aún más, porque los dictámenes deben ser firmados además por la comisión de Presupuesto y su presidente, José Luis Espert, se resiste a convocarla.
Si el economista sostiene esa posición, sería necesaria una sesión para emplazarlo y la demora sería todavía mayor. Milei tiene motivos para celebrar: llegaría al segundo cuatrimestre académico sin una ley que lo obligue a aumentar las partidas de las universidades.
El otro triunfo del oficialismo es que no tiene fecha de tratamiento en comisión de los proyectos para restablecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el fondo compensador, que asisten a las provincias a pagar sueldos en los colegios.
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