Desde que se confirmó la marcha universitaria de este 23 de abril, el Gobierno, empezando por el propio Javier Milei, no desaprovecha oportunidad para sembrar sospechas de corrupción en torno a las casas de estudios superiores, anticipando diversas medidas contra el reclamo, desde el protocolo antipiquetes hasta auditorías.
Sin más, lo que buscan es justificar su política anti-desarrollo atacando el presupuesto de las universidades que cada vez están más comprometidas en su funcionamiento.
Desde el anuncio, el gobierno salió a decir que no había recortes, que el recorte existe desde el gobierno de Alberto Fernández, que las universidades podían funcionar con los mismos fondos que en 2023 y finalmente comunicaron un acuerdo (que no era tal) para subir los gastos de funcionamiento.
La señal de desesperación ante el costo político que pagará la gestión Milei es clara. No hay criterio en la confrontación, sino campaña de desprestigio y ataques infundados para justificar una política que va a contramano del desarrollo.
Las universidades tienen enorme prestigio social (son las instituciones en las que la sociedad tiene más confianza) y este ataque virulento puede marcar un punto de inflexión en la imagen del gobierno nacional (que no tiene malas cifras, pero que viene en descenso desde diciembre).
Sin universidades: el modelo de desarrollo libertario
En la confrontación con la UBA se desató un conflicto con el Gobierno de Javier Milei, que se extendió a todas las universidades públicas. Con ese marco previo como caldo de cultivo, los organizadores convocaron a marchar con banderas de Argentina, para evitar identificaciones partidarias, que iniciará en las sedes de las 13 facultades que tiene la Universidad y confluirán por la tarde en la Plaza de Mayo.
El contexto político y social llevó a que converjan distintos sectores en la movilización de mañana y le dio formato de Marcha Universitaria Federal.
Se espera que participen no sólo el alumnado, docentes y no docentes de la UBA, sino también representantes de otras universidades nacionales públicas, pero sobre todo de la política y el sindicalismo.
La marcha adquirió otro cariz cuando se conoció que la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA también adhirieron a la movilización de la UBA. Lo propio hicieron espacios políticos como la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores del peronismo como el Frente Renovador.
Con ese respaldo heterogéneo, las universidades nacionales buscan aplicar presión sobre el Gobierno y torcerle el brazo al Jefe de Estado. Se trata, acaso, de otro frente de batalla que enfrenta Milei que aúna a múltiples sectores del espectro político e ideológico.
El Presidente mantiene una postura confrontativa con el sistema universitario y rechaza la movilización de la UBA. Son discusiones que se enmarcan dentro de la “batalla cultural” que ejecuta la Casa Rosada.
El alcance político de Marcha Federal Universitaria
La marcha de mañana fue convocada para las 15:30. El punto de encuentro es la plaza del Congreso Nacional, en la esquina de las avenidas Rivadavia y Callao. Está previsto que parta columnas desde las 13 facultades de la UBA con destino al centro porteño. Un lugar de alta concentración será la Plaza Houssay, donde coinciden las facultades de Economía, Medicina, Farmacia y Bioquímica; allí se sumará también la Facultad de Derecho.
Las diferentes columnas movilizarán hacia la Plaza de Mayo con la intención de confluir allí a las 17:30. El acto central comenzará a las 18. Habrá montado un escenario en la plaza con una bandera Argentina grande con la inscripción “En defensa de la universidad pública”, y donde se ubicarán las autoridades de la UBA, rectores de universidades nacionales, alumnos, representantes de docentes y no docentes.
Por estas horas, la UBA redacta un comunicado que elabora de forma consensuada con todas las facultades y otras universidades nacionales. Está previsto que el texto lo lea Lucille Daniela Levy, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que nuclea al movimiento estudiantil de la universidad.
Si bien el sindicalismo y una parte del sistema político movilizarán, desde la UBA pidieron que sea bajo consignas vinculadas a la defensa de la educación pública y con banderas de Argentina. Es un modo de darle homogeneidad al reclamo y evitar una partidización que le de caldo de cultivo a la crítica del Gobierno.
Un acuerdo que no era tal
En este contexto, el Gobierno anunció el jueves una “propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional” respecto a la situación presupuestaria de las universidades públicas. La decisión del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Educación de Carlos Torrondell, dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales.
En tanto que anunció otro 70% en mayo, alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, la medida asignó una partida extraordinaria para necesidades de los hospitales universitarios por una suma de $14.403.479.661. Desde la UBA salieron a desmentir el acuerdo y señalaron que la medida era “insuficiente”.
La Casa Rosada también anticipó que avanzará en un programa de auditoría conjunta de las universidades nacionales para perfeccionar el sistema actual. Y convocó a una reunión para el 30 de abril. Fuentes de la Secretaría de Educación deslizaron que se hará en la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Fernández, en el Palacio Sarmiento. Participarán representantes del Comité Ejecutivo del Consejo Universitario Nacional. El propósito de esa cumbre es dialogar sobre “los cambios que la sociedad reclama, al mismo tiempo que nos comprometemos a lograr una educación universitaria de calidad”.
Cómo se compone el Presupuesto de las universidades
El presupuesto universitario tiene tres partes: los salarios del personal docentes y no docentes, gastos de funcionamiento y, por último, programas especiales. Actualmente, de los gastos que requiere la universidad, cerca de un 90% del total corresponde a salarios y un 10% se destina a otros gastos para funcionamiento.
Desde la UBA señalan que esa relación debería ser 75% y 25% para que las universidades puedan funcionar correctamente. Dentro de los gastos de funcionamiento se encuentran recursos que necesitan las universidades para pagar los servicios y el mantenimiento para lograr buenas condiciones áulicas, de laboratorios, limpieza, seguridad, conectividad, seguros e insumos básicos.
Bullrich y el Protocolo Antipiquetes
De cara a la movilización de mañana, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, había anticipado que el Gobierno iba a aplicar el Protocolo para el Orden público. Conocido como Protocolo Antipiquetes, la funcionaria había anticipado la intención de articular la ejecución del mismo con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce Waldo Wolff.
Sin embargo, anoche, en declaraciones televisivas, la funcionaria aclaró que “siempre el protocolo tiene que ver con la realidad de la gente que va”, principalmente porque si hay una masividad de decenas de miles de manifestantes, el control de esa protesta se torna relativo para las fuerzas de seguridad. Pero lo que llamó la atención es que advirtió que, más allá de la intención original de aplicar el protocolo, “pensamos que en esta marcha puede haber una provocación, que se junte la CGT, que haya salido toda la izquierda. Son el elenco estable de gente que marcha”, dijo.
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