El senador nacional Eduardo «Wado» De Pedro criticó duramente al gobierno nacional por la privatización de IMPSA, una empresa clave en el desarrollo tecnológico e industrial del país.
Según el legislador, esta decisión representa un «golpe directo» a la soberanía tecnológica y pone en riesgo el futuro energético y estratégico de la Argentina.
IMPSA, fundada en 1907, fue líder en innovación, diseñando y fabricando turbinas hidroeléctricas, eólicas y tecnología nuclear. Exportaba a más de 40 países y sostenía una red de más de 100 PyMEs locales. En 2021, el Estado nacional y la provincia de Mendoza intervinieron para rescatarla, preservando más de 720 puestos de trabajo y posicionándola en proyectos estratégicos como la represa Yacyretá y el reactor nuclear CAREM.
Sin embargo, De Pedro señaló que el gobierno paralizó su funcionamiento durante todo 2024, dejando a la empresa en una posición crítica que derivó en su venta «a precio vil». Según el senador, esta medida pone en peligro la capacidad industrial y geoestratégica del país, al tiempo que debilita su independencia tecnológica.
«Defender nuestras industrias estratégicas no es solo cuidar el presente, es garantizar el futuro de una Argentina soberana y con oportunidades para todos», afirmó el legislador, haciendo un llamado a la defensa de estas empresas clave para el desarrollo nacional.
El Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles la primera privatización de la presidencia libertaria. Se trata de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), una empresa “hiper-estratégica” que es clave en proyectos de gran envergadura para áreas como defensa y energía, que fue vendida al consorcio IAF, cuyo socio principal es la estadounidense Arc Energy, una empresa que aportó para la campaña de Donald Trump. La firma norteamericana pagará 27 millones de dólares por las acciones estatales de Impsa a lo largo de 2025.
Regalar una empresa que desarrolla tecnología estratégica
Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) es una empresa argentina estratégica conocida por su trabajo en el campo de la metalurgia y la fabricación de equipos para centrales hidroeléctricas, como turbinas y generadores, tanques de guerra, piezas de tecnología crítica para reactores nucleares. Más adelante pasó a ser reconocida por su tecnología en energía renovable, como las torres eólicas, y en la manufactura de grandes componentes y sistemas para energía nuclear, como los involucrados en el proyecto CAREM. Impsa también fabrica componentes y sistemas para la industria naval.
“Hay pocas empresas en todo el mundo a su altura, tiene obras en más de 40 países y filiales en China y Malasia. Supo tener casi 1500 empleados y también tiene una cadena de proveedores de más de 100 PyMEs argentinas”, puede leerse en un hilo del ex subsecretario PyME Pablo Bercovich en la red X. Según el especialista, el presidente “la malvendió a un amigo de Trump por 25 millones de dólares, después de paralizarla un año para que valga menos”.
La empresa fue estatizada en 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando afrontaba serios problemas de endeudamiento luego de la mala administración macrista y negocios con Venezuela que no llegó a cobrar (se estima una deuda de 300 millones de dólares). Para el Estado esta adquisición fue estratégica ya que le permitió expandir las capacidades tecnológicas al abastecer a las grandes represas hidroeléctricas y al proyecto CAREM con equipos fabricados internamente.
De desarrollar y exportar tecnología, a importarla
Es probable que corrida de esta función estratégica, a partir de una privatización barata, Argentina empiece a importar buena parte de lo que hasta ahora fabricó Impsa. Un claro retroceso en materia industrial y de desarrollo económico por donde se lo mire.
Claro, es que si Argentina estaba en nicho de desarrollo y exportación de tecnología, a partir de ahora deberá comprarla, dilapidar “know how” y generar más desbalance en su equilibrio comercial. De la soberanía tecnológica, ahora generó más dependencia.
Impsa tiene además una amplia presencial internacional, exporta el 85 por ciento de su producción con negocios en más de 40 países. Brasil, Chile, Perú, Colombia y México son algunos de sus principales mercados, pero también ganó licitaciones “hasta con la armada de Estados Unidos”, señala Bercovich.
Por el contrario, desde el Gobierno festejaron la privatización que surgió de las negociaciones de la Comisión Evaluadora –integrada por el Fondep del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza- con las partes interesadas. Según circuló en la prensa, la empresa norteamericana que adquirió Impsa está vinculada al presidente electo Donald Trump pues aportó para su campaña.
ARC Energy
De acuerdo al comunicado oficial del Gobierno, “la Comisión evaluó la única oferta presentada para la adquisición de las acciones (de IAF y su socio Arc Energy), la cual mejoró en forma significativa las condiciones de la oferta inicial”. IAF ofertó 27 millones de dólares en concepto de aporte de capital y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para refinanciar la deuda de la compañía, que asciende a 576 millones de dólares.
La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno y la no asignación de recursos federales a empresas con participación estatal mayoritaria.
Cornejo celebra la venta de la “INVAP mendocina”
La provincia de Mendoza, por su parte, manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del gobierno nacional. En la red social X se hicieron eco tanto el gobernador provincial, Alfredo Cornejo, que celebró que “Impsa volverá a tener accionistas privados” y felicitó el trabajo del ministro de Economía y el presidente Milei. “Privatizamos Impsa”, posteó Caputo lleno de orgullo.
Como parte del capital accionario de Impsa, el Estado tenía el 63,7 por ciento de participación, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), mientras la provincia de Mendoza era propietaria del 21,2 por ciento. El resto está en manos privadas, repartido en un 5,3 por ciento de la familia Pescarmona –que creó la empresa allá por el año 1907- y 9,8 por ciento le pertenece a otros acreedores privados a través de fideicomisos de garantía.
Impsa no formó parte del listado de 41 empresas a privatizar incluído originariamente en el proyecto de Ley Bases y tampoco de las 8 empresas sujetas a privatización en la nueva versión de la norma sancionada en junio pasado.
