A pesar del guiño judicial que suspendió la ejecución de la cautelar presentada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional hasta que la Corte Suprema se expida sobre la apelación del gobierno, la estrategia parlamentaria de la administración libertaria hace agua, y todos los cañones le apuntan al Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
En el gobierno nacional ya reconocen que están lejos de cerrar un entendimiento político que abarque al mismo tiempo a los bloques dialoguistas y a las universidades y advierten que no tiene los votos para modificar la Ley de Financiamiento Universitario.
Mientras el gobierno nacional tuvo un poco de aire en la vía judicial hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia sobre la cautelar del CIN que obliga al Ejecutivo a transferir los 2,5 billones de fondos para recomponer salarios y presupuesto de las universidades públicas, en la vía parlamentaria avanzan con un proyecto propio de financiamiento universitario.
Álvarez, entre los funcionarios más “no útiles” del gobierno
La adhesión a ese proyecto era un trabajo que estaba a cargo de Alejandro Álvarez, el Subsecretario de Políticas Universitarias de Milei, que se caracteriza más por provocar en redes sociales y en las universidades con charlas libertarias y denuncias infundadas, que por gestionar políticas.
El proyecto con el que el gobierno nacional aspira a reemplazar la ley de financiamiento en el Congreso recupera apenas un 12% del salario y el presupuesto de 2025 (cuando la inflación fue del 35%) y 0 (sí, cero) de 2024, cuando la inflación fue del 118%.
Pues bien, Álvarez no muestra capacidad para sumar la adhesión de los gobernadores ni de aliados en el Congreso y en el Gobierno ya advierten que no tiene los votos para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y que el margen para abrir una nueva negociación es más estrecho que hace dos meses. “Es de los funcionarios más no útiles del gobierno“, sostienen en el ámbito universitario.
Claro, y en el Ejecutivo reconocen que están lejos de cerrar un entendimiento político que abarque al mismo tiempo a sus aliados legislativos y a las universidades.
El gobierno, reo del Congreso
La ley 27.795 quedó promulgada en octubre de 2025 tras la insistencia de ambas cámaras y Nación mantuvo desde entonces la postura de que su ejecución quedó suspendida hasta que se definan fuentes específicas de financiamiento. En el oficialismo aseguran además que no reflotarán el proyecto que enviaron a Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Ese texto había sido incorporado formalmente al temario por el decreto 103/2026, pero nunca llegó a tratarse en el recinto. En la Casa Rosada sostienen ahora que esa iniciativa quedó vieja en términos políticos y que el escenario cambió tras el fallo judicial, por lo que cualquier intento de reabrir la discusión partiría desde otras condiciones y con menor margen para negociar una salida con los bloques dialoguistas y con el sistema universitario.
La trastienda vuelve a exponer, además, cruces por la estrategia parlamentaria. En distintos despachos oficiales aseguran que existió durante el verano un principio de entendimiento con varios sectores para intentar aprobar una reforma antes del inicio de clases, pero esa hoja de ruta se frenó en medio de la disputa entre los equipos del asesor Santiago Caputo y el esquema legislativo vinculado a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
Milei desobedece la orden judicial
El punto de inflexión fue el fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que confirmó la cautelar favorable a las universidades y ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes y con las becas estudiantiles. Después de esa decisión, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte Suprema.
En el Gobierno reconocen que ese revés judicial alteró los incentivos para sentarse a negociar, porque entienden que las universidades quedaron fortalecidas en su reclamo y con menos razones para aceptar una reforma de menor impacto fiscal. En Nación insisten, de todos modos, con que la decisión política es actualizar las partidas en línea con la secuencialidad de las obligaciones judiciales y realizar erogaciones mensuales para cumplir con el mínimo mensual que, según su interpretación, exige la ley.
Nueva marcha federal universitaria
La preocupación oficial no se limita al frente administrativo. En la Casa Rosada también siguen de cerca la reactivación del conflicto universitario en la calle. El Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el frente gremial ya convocaron a una nueva marcha federal para el 12 de mayo con eje en el cumplimiento de la ley y en la situación salarial. En Balcarce 50 admiten que una nueva movilización masiva puede volver a colocar el tema en el centro de la agenda pública.
Del lado universitario, fuentes cercanas a la conducción aseguran que la Cámara ya le dio intervención al Consejo Interuniversitario Nacional sobre la apelación y que tiene diez días hábiles para responder. Recién después de esa etapa el tribunal definirá si concede o no el recurso para que intervenga la Corte. En ese esquema, cerca de los rectores remarcan que el oficialismo todavía no está obligado a cumplir la sentencia porque el juzgado suspendió “por el momento” la ejecución de la cautelar mientras se resuelve el planteo extraordinario.
