Los rectores de las universidades nacionales ya comenzaron a manifestar que si el presidente de la Nación veta la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, irán a buscar apoyo de senadores y diputados para voltear el veto.
El primero fue el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) quien dialogó en Radio con vos, sobre el posible veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. “Si Milei veta esta ley, se va a convocar a una sesión especial para juntar los dos tercios y la sociedad se va a movilizar”, aseguró.
“Voy a hacer lo imposible para que el Presidente entienda que esta es una ley necesaria”, agregó. Además, explicó que “el costo de la ley es lo mismo que el Gobierno deja de recaudar por bajarle bienes personales al 2% más rico de la Argentina”.
“Todos coincidimos en que hay que llegar al déficit cero. El tema es cómo llegamos a eso”, agregó. “La inversión en educación es fundamental para el futuro y para tener una libertad plena”, concluyó.
0.14% del PBI
En diálogo con Radio Continental, el mismo día, Yacobitti aseguró que la ley “tiene un costo del 0,14% del PBI”. El exdiputado radical y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires afirmó que ese porcentaje es similar a lo que el Gobierno dejó de percibir por “bajar los bienes personales”
“Estamos muy contentos porque el Senado, en su amplia mayoría, aprobó la ley del financiamiento de universidades”. Con un claro optimismo, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, afirmó en una entrevista por Radio Continental que, a diferencia de lo que sucedió con la ley de movilidad jubilatoria, ve difícil que el Gobierno llegue a la cantidad de votos para sostener un eventual veto presidencial en el Senado.
“Esta ley (Financiamiento Universitario) tiene un costo del 0,14% del PBI que es similar a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales y equivale a un poco más de la mitad que sale mantener el régimen de privilegio de Tierra del Fuego”, sostuvo el exlegislador del bloque Evolución Radical.
Y argumentó: “Hay que actualizar por inflación los salarios de los profesores e investigadores que vienen sufriendo un terrible ajuste en el poder adquisitivo de su salario. En lo que va de 2024, perdieron entre el 35 y el 55%. Un profesor con dedicación exclusiva de 40 horas semanales está ganando, neto, 840 mil pesos, su salario está por debajo de la línea de la pobreza. Otro caso, un residente universitario del (Instituto de Oncología) Roffo, está cobrando 750 mil pesos, y un trabajador no docente, que entra con la categoría más baja, está en los 470 mil pesos”, informó.
Para cerrar, dejó en alto la bandera de la UBA y demás universidades públicas. “Son las pocas cosas que el Estado puede demostrar que funcionan bien, incluso lo hace el Presidente cuando viaja por el mundo. Gran parte de los políticos de Argentina estudió en la universidad pública, sinónimo de que eso funciona en el país”, concluyó.
Aprobación y posible veto presidencial
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada ayer en el Senado, generó un amplio debate y dejó camino libre para un posible veto presidencial. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima un impacto presupuestario equivalente al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), es decir, unos $738.595 millones.
La norma, que obtuvo un holgado respaldo con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención en la votación general, propone una recomposición salarial para el personal docente y no docente desde diciembre de 2023. Además, establece la actualización de los créditos presupuestarios destinados a las universidades públicas, ajustados trimestralmente por la inflación y descontando previamente los aumentos otorgados durante el año.
La OPC especifica que la ley obliga a adecuar el presupuesto inicial de 2024 con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023, y a realizar ajustes bimestrales posteriormente. La normativa, si bien apunta a mejorar las condiciones salariales del personal universitario, también implica un significativo desafío fiscal para el gobierno.
Contra una comunidad universitaria organizada
La diputada que redactó la ley de financiamiento universitario aprobada en el Senado, Danya Tavela, rectora de la UNICEN, dio su mirada sobre lo que podría suceder si el presidente de la Nación, Javier Milei, veta la iniciativa.
En declaraciones a El Repaso por Radio Provincia AM1270, recordó que la iniciativa “viene a resolver la situación en la que quedaron las universidades al no haberse aprobado el Presupuesto 2024”.
En ese marco, destacó que los salarios de los docentes y no docentes “están atravesando una pérdida del poder adquisitivo tan alta como gran parte de los trabajadores y jubilados de todo el país, pero a su vez están siendo discriminados del resto de los trabajadores estatales que vienen percibiendo mayores aumentos”.
No es un tema de costo fiscal
La legisladora radical dijo que es “una mentira” el argumento que alude al costo fiscal. Al respecto, explicó que “este proyecto, aún en el cálculo menos conservador implica un 0.14 del PBI, o sea que si a eso se suma el de los jubilados estamos en un 0.54 del PBI”, una cifra poco significativa cuando el gasto público se ha reducido “prácticamente un 30%” según el gobierno nacional. Por eso, enfatizó: “Están en condiciones de afrontarlo e incluso declaran que el mes próximo habrá un superávit considerable”.
Tavela resaltó que “el sello de agua de este gobierno es el exabrupto permanente y pensar que el equilibrio fiscal es un objetivo en sí mismo” cuando, en realidad, “es un fin, un medio para” determinadas inversiones como en materia educativa, como plantea el proyecto que impulsa.
“Ni siquiera estamos hablando de aumentar la inversión, sino sostenerla”, enfatizó la diputada, al tiempo que puntualizó que esta situación es consecuencia de no haberse aprobado el presupuesto para este año. “No se puede dejar sin presupuesto al Estado porque éste tiene continuidad, independientemente de quien ejerce la presidencia de la República. Así se generan estas distorsiones”, recalcó.
Consultada sobre qué cree que pasará en el Senado con el proyecto, estimó: “Creo que va a salir con un buen número de apoyos y el gobierno va a pensar la discusión”. De hecho, ya “intentó preparar el terreno saliendo de nuevo con las auditorías y controles, pero se va a enfrentar a otro debate público respecto del rol de la universidad, que tiene mucho que ver con la identidad argentina y además es una comunidad organizada, a diferencia de los jubilados”, expresó Tavela.
Apoyo en el Congreso
Otro referente de las universidades que se manifestó al respecto es Enrique Mammarella, rector de una de las universidades más importantes del país, la Universidad Nacional del Litoral, y ex presidente del Consejo Interuniversitario Nacional: “Volveremos a insistir en Diputados y Senadores”
Poco antes de que Javier Milei confirmara que aplicará un “veto total” a la Ley de Financiamiento Universitario votada por el Congreso, el rector de la UNL anticipó por LT10 que las casas de altos estudios seguirán dando batalla.
El presidente Javier Milei confirmó este viernes que aplicará un “veto total” a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en las últimas horas por el Senado.
Minutos antes de esa confirmación, el rector de la UNL Enrique Mammarella sugirió por LT10 que las casas de altos estudios seguirán dando batalla para que la Nación les otorgue los recursos que les corresponden.
“Si se veta, eso implicará volver a insistir tanto en Diputados como con Senadores para tratar de conseguir los dos tercios”, adelantó y agregó: “el costo de esta actualización representa un 0,14% del PBI, que es el 10 por ciento de lo que se ha logrado de superávit, que el Gobierno tiene en sus manos”.
Mammarella aclaró además que la norma aprobada por el Congreso “es la actualización conforme a la inflación de 2023 y lo que va de 20224, no es un aumento presupuestario”. “Tanto en la actualización que habíamos tenido de gastos de funcionamiento y la que llevan docentes y no docentes a través de las paritarias estaba por debajo de lo que fue la inflacón en estos dos años”, agregó.
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