Durante la reunión Plenaria de las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y de Hacienda y de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, que tuvo por objeto la revisión de la “Ley Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos”, un grupo de oradores pidieron que el Senado derogue el capítulo de la norma que le otorga facultades al Poder Ejecutivo para modificar las competencias y funciones de los organismos de Ciencia y Tecnología.
“La Argentina se caracteriza por ser un país con una marcada heterogeneidad y desigualdad territorial. A las diferencias en las características y tamaños relativos de sus regiones, se suman profundas y centenarias asimetrías en los niveles de desarrollo. No cabe duda que las políticas de Ciencia y Tecnología son una de las herramientas más valiosas para combatir esas brechas. La Argentina cuenta con un importante Sistema Nacional, permítanme llamarlo federal de CTI”, planteó Josefina Vaca, ex asesora de la diputada Claudia Bernazza (autora de la ley de Financiamiento del sistema científico), y referente del Instituto Patria.
Vaca, quien se presentó junto a Alberto Baruj, integrante del Directorio del CONICET y Diego Hurtado, ex secretario de políticas y planeamiento en Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia.
“Cuando hablamos del SNCTI y de sus instituciones, no sólo hablamos de artefactos, oficinas, modelos de organización, laboratorios… hablamos de las personas que lo constituyen y sostienen con su trabajo y sus conocimientos. Sin embargo, el Art 3 de este proyecto de Ley, faculta al PE para la modificación o eliminación de competencias, funciones o responsabilidades, para la reorganización, fusión, modificación de estructuras jurídicas, centralización, escisión, eliminación parcial o total, transferencia a las provincias, el art 6. habilita la intervención. Aunque el inciso b pretende rescatar a algunos organismos, sólo de la disolución, como si el resto de las instituciones no tuvieran la misma importancia”, dijo Vaca.
“El SNCyT no es una serie de compartimentos estancos, es una cadena de valor con eslabones que se vinculan y articulan entre sí, con las universidades y con el tejido socio-productivo de los territorios, por lo que la aplicación de estos artículos tendría graves consecuencias para el SCyT de nuestro país”, dijo la invitada.
Además, el proyecto incluye un régimen para grandes inversiones que de aprobarse establecería por Ley la economía extractivista de enclave, clausurando posibilidades de desarrollo económico con anclaje en los territorios, con generación de trabajo, empleo, cohesión social y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestras provincias.
Financiamiento
Para terminar, Vaca se refirió al “ahogo presupuestario que sufre el sector”, y mencionó la Ley de financiamiento del SNCTI sancionada por unanimidad por este congreso en el año 2021, que junto con la ley Plan CTI 2030 que incluye las agendas acordadas con las provincias, nos permitió soñar con políticas de Estado de CyT, independientemente de quien gobernara.
La ley 27.614 asegura el financiamiento y un incremento progresivo del presupuesto para las instituciones del SNCTI de las que venimos hablando, comprendidas en la función CyT del Presupuesto Nacional. Además, establece que un 20% como mínimo de ese incremento se ejecute en las provincias, priorizando las de menor desarrollo relativo. Es oportuno recordar el fundamento de ese artículo.
En el 2019, el presupuesto de la función Cyt asignaba unos $1000 por habitante, pero al incorporar la perspectiva federal se evidenciaba que mientras los habitantes de CABA recibían $4000 los habitantes de Sgo del Estero, por sólo dar un ejemplo, recibían apenas $250, el presupuesto de CABA representaba el de 12 provincias en su conjunto. Esas asimetrías son las que se busca combatir con el art 8 de la ley de financiamiento, (recursos que no están llegando a las provincias).
No se trata de teorías conspirativas, no es que CABA conspire contra el resto del país, se trata de patrones centenarios, de dinámicas y procesos complejos que el mercado no va a solucionar. Para revertir estas asimetrías territoriales se necesita del Estado, de políticas que corrijan estas desigualdades. Habíamos empezado a hacerlo.
De aprobarse el Proyecto de ley bases nuestro país emprendería un camino en sentido contrario, renunciando a las posibilidades de alcanzar un desarrollo inclusivo y sustentable.
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