El proyecto de ley de financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, consensuado de las iniciativas redactadas por los diputados Claudia Bernazza (FdT) y José Luis Riccardo (UCR-JxC), será tratado en comisiones del Senado, mañana miércoles 17 de febrero, a cuatro días de haber obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que fue aprobada en la cámara baja, por unanimidad con 189 votos y ningún voto en contra, propone llevar la inversión pública en la Función Ciencia y Técnica del 0,28% actual al 1% con cálculo base en el Producto Bruto Interno, en el año 2032, impactando en los recursos de 17 organismos científico-tecnológicos nacionales, entre los que se encuentra el INTI, el INTA, el CONICET y el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología.
La cuenta es simple, en la actualidad se invierte en la Función Ciencia y Técnica alrededor de 1000 millones de dólares por año y el proyecto de ley, acompañado con la firma de los legisladores del Frente de Todos, el peronismo y Juntos por el Cambio en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la cámara baja, propone llevarlo, en 2032, a 4000 mil millones.
En menos de 24 horas de haber logrado la media sanción, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Carlos Caserío, tomó el proyecto y lo incluyó en el tratamiento que le darán conjuntamente la comisión que él preside y la de Ciencia y Tecnología, a cargo de Silvina García Larraburu, mañana miércoles a las 10.
Proyecto en territorio de Cristina
La decisión tiene el sello de la presidencia del Senado, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, en una cámara en la que el Ejecutivo tiene los números para que el proyecto pase al recinto y también que se convierta en ley.
La relación de Cristina Kirchner con el sistema de ciencia y tecnología y con el actual ministro, Roberto Salvarezza, es conocida. Durante su gestión como presidenta de la Nación, Argentina consiguió la máxima inversión histórica en ciencia y tecnología, cuando se alcanzó el 0,35% del PBI, pero además, se creó por primera vez el Ministerio de Ciencia, en 2008, y se implementó el programa de repatriación de científicos, R.A.I.C.E.S. que devolvió al país a más de 1200 científicos y científicas, entre otras medidas.
Por otra parte, Roberto Salvarezza, el actual ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación ingresó en 2017, de la mano de la propia Cristina Fernández, en el primer lugar de la lista de diputados nacionales, espacio que hizo de peldaño político para su llegada a la cartera.
La conformación del nuevo ministerio, de hecho, se definió a fines de 2019, con hombres y mujeres pertenecientes al kirchnerismo duro, comenzando por el propio ministro y los funcionarios de primera línea.
Celeridad para que sea ley
Ahora bien, la celeridad para tratar el proyecto, que contiene un ítem sobre federalización de los recursos, sobre salarios de los investigadores y otro sobre equidad de género, es una clara señal de la voluntad política del Gobierno para convertirla definitivamente en ley.
El amplio consenso que obtuvo en Diputados, con la aprobación (en 20 minutos) de la Comisión de Hacienda que preside Carlos Heller, deja ver que, si bien el oficialismo cuenta con mayoría holgada para aprobarlo, si ingresa al recinto del Senado, Juntos por el Cambio se sumará, por lo que no habría trabas para que sea convertido en ley, luego de su tratamiento en comisiones.
Por eso es de esperar que mañana se avance con la firma del dictamen correspondiente al proyectos que se aprobó el viernes a la madrugada, en Diputados.
La Cámara alta, que preside Cristina de Kirchner, no sesionó la semana pasada y tenía pensado volver al recinto este jueves. Sin embargo, desde el Frente de Todos aseguraron que recién habrá actividad dentro de siete u ocho días, cuando el pleno del Senado realice su sesión preparatoria.
Desde las 10, lo hará en conjunto con la de Ciencia y Tecnología para analizar la ley que establece que el área de Ciencia y Tecnología pase de un financiamiento de prácticamente de 0,28% del Producto Bruto Actual actual al 1% del PBI en 11 años.
Si el Senado convierte en ley el proyecto, Argentina tendrá, por primera vez, una ley que pautará los presupuestos anuales que deben destinarse a ciencia y tecnología y que aumentarán progresivamente, impactando en proyectos, infraestructura, salarios y becas de 17 organismos científicos y tecnológicos.
Los ejes del proyecto apuntan a declarar de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (art.1); Financiamiento Progresivo: el objetivo es comenzar el 2021 con el 0,28% para alcanzar en 2032 el 1% del PBI; progresividad y planificación para un proyecto nacional de desarrollo, generar exportaciones, divisas y nuevos empleos de calidad (arts. 2, 3 y 5); desarrollo federal de un sistema de ciencia y tecnología que tienda a la reducción de las asimetrías entre regiones y a la consolidación y crecimiento de los sistemas provinciales con participación del COFECYT (arts. 3 y 8); Propiciar la igualdad real y efectiva de género en todos los niveles y ámbitos del sistema científico (art. 3).
¿Qué se financia con la ley?
El proyecto plantea el escalonamiento de la inversión en la Función Ciencia y Técnica, hasta el 1% del PBI en 2032. La Función Ciencia y Técnica se encuentra integrada en la Finalidad “Servicios Sociales”, del Presupuesto Nacional, y engloba a 17 organismos científicos y tecnológicos, distribuidos en nueve ministerios.
Esos 17 organismos son una parte (la mitad) del total de lo que representa el sector de ciencia y tecnología nacional. Es decir que la Función Ciencia y Técnica representa aproximadamente el 50% de toda la inversión de ciencia y técnica que hace la Argentina.
En ese espectro más amplio, que esta ley no alcanza (pero si impacta), está la inversión que realizan las empresas privadas, por ejemplo, y los cargos de dedicación exclusiva de las universidades.
La Ley, por tanto, plantea incentivar con inversión en un área específica y considerable alcanzada por el sector público, para generar una sinergia en ese resto del sistema científico y tecnológico, pero también en el productivo.
“El objetivo fundamental es establecer un incremento progresivo, constante y sostenido en el tiempo destinado a la Función Ciencia y Técnica por la capacidad estratégica que tiene esta política pública en el desarrollo social, económico y ambiental de la Argentina”, aseguró José Luis Riccardo durante la presentación de la iniciativa en la Comisión de Hacienda.
1% hasta el 2032
Si bien no puede afirmarse que sea un proyecto ambicioso en términos presupuestarios si la escala se compara con los países que iniciaron esta carrera hace muchas décdadas atrás, como Israel o Corea del Sur, que invierten en cifras cercanas al 4% del PBI, el dato concreto es que en Argentina la inversión en el sector nunca superó el 0,35%.
Hoy la inversión que realiza Argentina para la Función Ciencia y Técnica, se encuentra en el 0,25% del PBI, (en su mejor época, durante el kirchnerismo alcanzó el 0,35% del PBI) por lo que la iniciativa plantea cuadruplicar la asignación a lo largo de once años, con una cláusula que impide que los recursos año a año sean menores que el año anterior.
En 2012 la inversión total en I+D (pública a nivel nacional y provincial + la inversión privada) alcanzó el 0,63%, monto más alto de la historia.
La tabla de inversión del nuevo proyecto:
2021: 0,28% del PBI
2022: 0,31% del PBI
2023: 0,34% del PBI
2024: 0,39% del PBI
2025: 0,45% del PBI
2026: 0,52% del PBI
2027: 0,59% del PBI
2028: 0,68% del PBI
2029: 0,78% del PBI
2030: 0,90% del PBI
2031: 0,95% del PBI
2032: 1% del PBI
17 organismos científicos y tecnológicos
La iniciativa beneficiaría a todos los organismos de ciencia y tecnología que integran la Función y Técnica y que se distribuyen entre 9 ministerios: La Fundación Miguel Lillo, CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR), la Administración Nacional de Laboratorios (ANLIS), el Servicio Hidrográfico Naval (SHN), el Centro de Investigación en Tecnologías para la Defensa (CITEDEF), el área de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el Instituto Antártico Argentino (IAA).
El proyecto se plantea como base de consistencia en financiamiento para la Ley 25467, de Ciencia, Tecnología e Innovación e Innovación productiva, para el corto, mediano y largo plazo.
