Tras el reclamo de legisladores de la oposición sobre un artículo que habilita al Gobierno a desmantelar el Banco Nacional de Datos Genéticos a través del dictamen de mayoría de la nueva Ley de Bases, el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó esta situación y aclaró que la administración mileísta tomó el compromiso de “no avanzar en el cierre y modificación” del organismo.
Así, en su conferencia de prensa habitual, ratificó: “No está en los planes del Gobierno ninguna medida o modificación, seguirá funcionando como hasta ahora”.
Este comentario surgió luego de que durante el fin de semana la UCR emitiera un comunicado instando a los diputados a “garantizar” la preservación del BNDG frente a su falta en el artículo 3 de la normativa impulsada por el Gobierno que determina los organismo que el Estado no puede disolver, lo que terminaría “poniendo en riesgo su existencia”.
El ente nacional resultó clave para recuperar la identidad de los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar y continúa colaborando en la restitución de los nietos encontrados desde 1987 hasta hoy. Además, es el responsable de guardar y comparar el material genético para las consultas de aquellos que tengan dudas sobre su identidad y crean que pueden ser hijos de desaparecidos.
Más allá de la declaración, en el sistema científico (a partir del duro ajuste que vienen padeciendo organismos, universidades e institutos) insisten en que se modifiquen los artículos que le dan “manos libres” al Gobierno.
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