Las universidades nacionales inician hoy el debate para consensuar el presupuesto que necesitarán para funcionar durante el 2023, en un marco de fuerte suba inflacionaria, que ya estiman alrededor del 90%.
El 88° Plenario de rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las autoridades de las 70 universidades nacionales e instituciones universitarias, se desarrollará en la Universidad Nacional de Hurlingham, desde las 13 horas, y los ejes se centran en superar el cálculo inflacionario que se maneja para el año próximo, pero también conseguir que en las partidas, pueda quedar reflejado un porcentaje mayor a las áreas de extensión, infraestructura, ciencia y tecnología, investigación y transferencia, más alla de lo correspondiente al pago de salarios.
Es que, en el presupuesto que las casas de altos estudios diseñan cada año, el 90% corresponde a gastos de personal (algo similar a lo que ocurre en el CONICET y otros organismos científico-tecnológicos). “Hoy en día la relación aproximada de gasto ejecutado es de 90%/10%, a medida que va avanzando el año, si las partidas de gasto no se actualizan y las de salario si ese porcentaje empieza a variar en favor del gasto en personal y puede llegar al 92% o 93%. Nuestra aspiración cada año es que ese porcentaje sea 85%/15%, una ratio que hace mucho que no se da”, le explicó Carlos Greco, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM), a Periferia.
“Nuestra aspiración cada año es que ese porcentaje sea 85%/15%”
Carlos Greco, Vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional
Un dato clave es que el presupuesto universitario no contempla los 75 mil millones de pesos del Programa de Infraestructura Universitaria, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y el de Educación, algo que se suma en obras, y que no se presupuesta. “Estos fondos compensan también el desequilibrio entre gastos de personal y otras funciones de las universidades, no se ejecutan en el presupuesto universitario pero ingresan expresados en obras públicas. Así llegamos al 85%-15%”, dijo Greco.
“La propuesta que nosotros elaboramos, desde el punto de vista técnico y político, van recorriendo un camino de aproximaciones en diálogo con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) que además dialoga con el Ministerio de Economía, para llegar al presupuesto deseado y posible. El presupuesto que pedimos, es algo que se corresponde con los antecedentes del presupuesto en ejecución más la expectativa de sostener el presupuesto y conseguir una pauta de crecimiento en relación con la política de expansión, inclusión y sostenimiento del sistema universitario”, dijo Greco.
¿Cómo se diseña el presupuesto?
El diseño del presupuesto, procedimentalmente inicia con un informe de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional, que se reunió el martes. El dictamen de esa comisión es elevado al Comité Ejecutivo que se reúne hoy por la mañana, para luego ser presentado en el Plenario de Rectores y Rectoras. “Lo que va a considerar el Plenario es lo que el Comité Ejecutivo tiene que aprobar, y lo que tiene que aprobar es el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos, pero pueden surgir modificaciones tanto en el Comité Ejecutivo como en el Plenario”, explicó Greco.
El procedimiento de cálculo, contempla la proyección del presupuesto actual, considerando el impacto de los acuerdos paritarios vigentes, más los esperados que se den hasta fin de año, incluyendo la estimación de la inflación proyectada. Si bien las universidades tienen definido el números y el porcentaje que elevarán al Gobierno, Greco prefirió ser cauteloso, y esperar el proceso de validación interna antes de difundir la cifra. Claro que, si se tiene en cuenta que el último presupuesto (2022) fue de 401 mil millones de pesos, y que la inflación proyectada asciende al 90%, es esperable que la cifra que eleven al Gobierno tenga un piso no menor a 750 mil millones de pesos. La definición final es una discusión fina que va a depender del impulso que las universidades le den a fortalecer gastos en funciones que van más allá de lo destinado a salarios. Allí, entran las funciones que definen la territorialidad de las casas de altos estudios, la articulación con el sistema productivo, con la comunidad, acciones vinculadas con la investigación, salud, nuevas sedes, entre otras. Pero, además, va a depender del amparo que quieran abrir de cara a un 2023 con incertidumbre en financiamiento.
Ejes del Presupuesto 2023
El valor definitivo se conocerá hoy, después del Plenario, pero el rector de la Unsam dio algunas pistas de cómo se definen los ejes: “Como hacemos todos los años, al cálculo general, agregamos algunos conceptos más aspiracionales, como el cumplimiento de expectativas de desarrollo y crecimiento del sistema, corregir asimetrías del presupuesto universitario, recuperar porcentajes como que el gasto en personal no supere el 85% del total presupuestado”, explicó Greco.
El presupuesto universitario, que se registra como una planilla anexa al artículo 12 de la Ley de Presupuesto Nacional, tiene tres subtotales importantes en el armado, que corresponden a Funciones (Salud, Educación y Ciencia y Técnica), Programas (que son los fondos concursables) y los fondos FUNDAR (Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional).
“Para nosotros el piso de negociación es el primer monto, luego incorporamos los programas y los fondos regionales, tenemos distintos niveles de intereses sobre ese monto“, explicó Greco a Periferia, y destacó que “nosotros dentro del CIN logramos negociar ya un presupuesto de consenso, ahora vamos al plenario para ratificarlo”.
La negociación, claro, no inicia ahora, sino que a lo largo del año hay un diálogo permanente entre los equipos de la SPU, del CIN, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía. En esa clave, el acuerdo entre los rectores del CIN, ya es conocido y avalado por la Secretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Oscar Alpa, que es la que envía el proyecto al Gobierno.
En contextos de tan alta inflación, sin embargo, el porcentaje de lo que se destina a salarios sube en función de la actualización producida por la negociación paritaria.
Estos son los cálculos que debatirán hoy, los rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para elevar un proyecto consensuado ante la Secretaría de Políticas Universitarias, tal como establece la actual legislación.
¿Habrá acuerdo?
En 2022, las universidades enviaron al Ejecutivo, antes de la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 (que luego no fue tratado en el Congreso, por la ausencia de la oposición), un pedido de 401 mil millones de pesos para el normal funcionamiento de las casas de altos estudios.
Este año, la incertidumbre pasa por saber si los planes del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, tendrán algún tipo de impacto en los recursos de las universidades, más teniendo en cuenta que se habían anunciado “reasignaciones” que afectaban a la cartera educativa.
Periferia se lo preguntó a Greco, quien sostuvo que “eso no lo podemos saber, nosotros sabemos que los ministros de Educación (Jaime Perczyk) y de Economía (Sergio Massa) están conversando, pero no podemos saber como va a ir la negociación, además, puede pasar que el legislativo no apruebe el presupuesto y tenga que volver para atrás, lo que no puede pasar es lo que sucedió el año pasado que es que no se apruebe el Presupuesto Nacional, desde los dos bloques políticos del CIN tenemos pleno consenso que tiene que tratarse y tiene que aprobarse el presupuesto, sino sería dramático”.
Los bloques son los que históricamente representaron a las universidades (el radicalismo, con un peso hegemónico sólido) y el peronismo que desde avanzados los años 80, comenzó a ganar terreno en universidades tradicionales y con la creación de nuevas casas de altos estudios.
Mientras tanto, la inflación, que muchos análisis proyectan y estiman en un 90% para 2022, guía el cálculo de lo que las casas de altos estudios enviarán al Gobierno.
