El diputado nacional Esteban Paulón ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca crear Recursos Estratégicos Argentinos S.A. (REA), una empresa minera estatal con participación mayoritaria del Estado Nacional.
La iniciativa, registrada bajo el expediente 1555-D-2026, apunta a que el país tome control directo sobre la exploración, extracción, industrialización y comercialización de los llamados “minerales estratégicos”, una categoría que incluye al litio, el cobre, el oro, la plata, el níquel, el cobalto, el potasio y las tierras raras, entre otros.
¿Cómo se estructuraría REA?
El proyecto plantea una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, en los términos de la Ley N° 19.550. La distribución accionaria propuesta es la siguiente:
51% mínimo: Estado Nacional
Hasta 25%: provincias adherentes
Resto: inversores privados nacionales o extranjeros, con restricciones
El domicilio legal sería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con delegaciones regionales en las provincias donde opere. El directorio estaría integrado por seis miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo Nacional, uno por las provincias a través del COFEMIN, uno elegido por los trabajadores mediante voto directo, y uno por el sector privado accionista. Los mandatos durarían cuatro años, renovables por un único período.
El modelo de distribución de ganancias: ¿adónde iría el dinero?
Uno de los puntos más destacados del proyecto es el esquema obligatorio de distribución de las ganancias anuales netas, que quedaría fijado por ley:
Distribución de ganancias anuales netas — REA
Fondo Soberano de Desarrollo Argentino 21,6%
Reinversión en exploración y expansión 20%
Educación pública y ciencia 18%
Transición energética y ambiente18%
Coparticipación a provincias productoras14,4%
Fondo de Mitigación y Compensación Ambiental 8%
Fuente: Expediente 1555-D-2026 — Diputado Esteban Paulón
El Fondo Soberano de Desarrollo Argentino solo podría utilizarse para inversión productiva, infraestructura estratégica, ciencia, tecnología y reducción de deuda pública. La ley expresamente prohibiría su uso para financiar gasto corriente del Estado.
La coparticipación a provincias productoras sería proporcional al volumen de minerales extraídos en cada jurisdicción y complementaria —no sustitutiva— de las regalías mineras vigentes.
La proyección financiera del proyecto
En los fundamentos, Paulón proyecta que los aproximadamente US$ 770 millones necesarios para la Fase 1 serían financiables a través de cuatro fuentes combinadas:
Transferencia de activos mineros estatales existentes (US$ ~200 millones)
Asignación presupuestaria de US$ 100 millones anuales durante tres años (equivalente al 0,03% del PBI)
Adhesión de provincias como Jujuy, Salta y Catamarca (US$ ~150 millones mediante sus empresas mineras)
Créditos del BID, CAF y Banco Mundial con garantía soberana
Agregar valor a las exportaciones mineras
Como proyección de referencia, el texto cita un escenario con un proyecto de litio de 40.000 toneladas anuales de carbonato a US$ 15.000 por tonelada: esto generaría ingresos brutos de US$ 600 millones anuales y, con márgenes operativos del 30%, ganancias netas de unos US$ 180 millones al año. A partir del quinto año, el proyecto estima un retorno superior al 15% anual sobre la inversión inicial.
El texto también establece que, a partir del quinto año de operaciones, REA deberá ser financieramente autosustentable, sin posibilidad de aportes estatales adicionales salvo aprobación del Congreso por ley especial.
Marco ambiental y derechos de las comunidades
El proyecto dedica un capítulo entero al marco ambiental. REA debería operar bajo estándares internacionales y en concordancia con la Ley General del Ambiente (25.675) y la Ley de Glaciares (26.639), que actúa como límite absoluto e irrenunciable: ninguna disposición del proyecto podría interpretarse como habilitación para operar en zonas protegidas por esa normativa.
Todo proyecto de REA requeriría un Plan de Gestión Ambiental (PGA) con línea de base previa, monitoreo permanente de datos públicos, plan de contingencia y fondo garantizado para el cierre y restauración pos-minera.
Participación social
En materia de comunidades, el texto garantiza la consulta previa, libre e informada conforme al Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, con acuerdos de carácter vinculante. Las comunidades locales también tendrían derecho a compensación directa en infraestructura, servicios públicos y empleo local prioritario.
El proyecto establece que todos los contratos, licitaciones, estados financieros y planes de reinversión de REA serían de acceso público irrestricto, publicados en 30 días. El directorio presentaría informes semestrales y balances anuales auditados por firmas independientes. Los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora deberían presentar declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción al inicio, durante y al finalizar su mandato.
El contexto: minerales críticos en la agenda global
El proyecto llega en un momento en que la demanda global de minerales críticos —especialmente litio para baterías eléctricas— crece aceleradamente, y varios países revisan sus modelos de gobernanza sobre estos recursos. Argentina integra el denominado “triángulo del litio” junto a Chile y Bolivia, y posee reservas significativas de cobre, oro y tierras raras.
El texto cita el modelo de Codelco, la cuprífera estatal chilena, como referencia de sustentabilidad: esa empresa destina entre el 25% y el 35% de sus utilidades a reinversión, lo que le permitió sostener su capacidad productiva durante décadas.
El proyecto fue presentado por el diputado Paulón e invita a las provincias a adherir mediante convenios de participación accionaria. El Poder Ejecutivo tendría 90 días para reglamentar la ley y otros 90 para aprobar el Estatuto Social de REA, previo dictamen de las comisiones de Minería de ambas cámaras.
