Un grupo de organizaciones ambientales y de la sociedad civil presentó este martes un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de La Pampa para frenar la reforma de la Ley de Glaciares sancionada por el Congreso el 9 de abril.
La acción judicial reúne más de 850.000 adhesiones individuales y solicita la inconstitucionalidad de la norma junto con una medida cautelar para suspender su aplicación en todo el país.
Amparo contra la ley de glaciares
La presentación fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, junto con asambleas territoriales, organismos de derechos humanos y referentes vinculados a la ley original. El planteo busca que, mientras se resuelve la cuestión de fondo, no se apliquen los cambios que votó el Congreso a la ley 26.639.
Según explicaron en una conferencia de prensa, el objetivo central es evitar posibles impactos sobre reservas estratégicas de agua dulce. “Esta demanda plantea la inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso y su nulidad”, explicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.
En ese marco, agregó que se trata de “una reforma regresiva, que viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y compromisos internacionales”.
