La senadora por Río Negro de Unidad Ciudadana, Silvina García Larraburu, presentó de un proyecto de Ley que busca impedir la privatización del sistema nuclear argentino. La iniciativa declara al sector como “bien estratégico, inalienable e inembargable” y surge como respuesta al anuncio del Gobierno de avanzar en la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA).
«Se trata de una decisión política que no encuentra justificación técnica ni financiera. NA-SA es una compañía superavitaria, eficiente y con capacidad probada de llevar adelante proyectos de altísima complejidad tecnológica”, advirtió García Larraburu sobre el impacto de la medida.
¿Nucleoeléctrica, a remate?
Con esta advertencia, remarcó que una eventual venta “significaría desmantelar un sector estratégico, hipotecar la soberanía energética y subordinar el futuro de la Nación a intereses de corto plazo”.
El proyecto de Ley establece la prohibición de privatizar, concesionar o extranjerizar las empresas y organismos que integran el sistema nuclear argentino. Entre ellos se encuentran la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Dioxitek S.A., la Planta de Agua Pesada y la Planta de Enriquecimiento de Uranio.
La senadora fundamentó que se trata de un sector que sostiene una amplia infraestructura y que garantiza la continuidad de proyectos tecnológicos de gran escala. También señaló la importancia de que permanezca en la órbita estatal para resguardar los intereses estratégicos de la Argentina.
Energía limpia, empleos calificados y un patrimonio colectivo nacional
García Larraburu defendió el valor social del sector nuclear: “La energía nuclear representa cerca del 7% de la generación eléctrica nacional, aporta energía limpia, segura y estable, y sostiene empleos altamente calificados, industria nacional y aplicaciones médicas de gran valor social”.
“No es un negocio, es un patrimonio colectivo construido por generaciones de argentinos y argentinas”, concluyó.