La estatal Dioxitek solicitó a la Justicia Federal continuar operando su planta de dióxido de uranio en Córdoba por al menos ocho años más, mientras finaliza la construcción de la nueva instalación en Formosa.
El pedido choca contra el reclamo de los ciudadanos de Alta Córdoba, que piden que se traslade la planta por encontrarse en una zona de alta densidad urbanística. Sin embargo, los altos costos de traslado, en un marco de profunda austeridad económica y ajuste de fondos al sector de ciencia y tecnología, hacen que el gobierno no quiera emprender el proyecto del traslado de la compañía.
Dioxitek S.A. es una empresa estatal argentina, creada en 1996, encargada de producir dióxido de uranio (el combustible para las centrales nucleares Atucha I, II y Embalse) y fuentes selladas de Cobalto-60 para aplicaciones médicas e industriales. Es el único productor nacional de este insumo clave para la energía nuclear.
A pesar de una ordenanza de 1985 que prohíbe su actividad urbana, la planta sigue funcionando, con recientes solicitudes para operar al menos ocho años más (hacia 2034) debido a demoras en la construcción de su nueva sede en Formosa.
La planta de Dioxitek en Fomosa
En Formosa, la obra registra un avance del 69,5% a fines de 2023, pero se encuentra prácticamente paralizada desde septiembre de ese año por falta de financiamiento. Actualmente solo se realizan tareas de conservación.
En paralelo, el Juzgado Federal N°2 de Córdoba allanó la planta tras la difusión de dos incidentes internos. La Autoridad Regulatoria Nuclear informó que uno fue reportado conforme a norma y que el otro no tuvo implicancias radiológicas.
La definición judicial en Córdoba y la disponibilidad de fondos nacionales serán claves para el futuro del proyecto formoseño.
