La Universidad de Buenos Aires (UBA) activó este lunes un plan de restricción de gastos operativos en el marco de la emergencia presupuestaria decretada por el Consejo Superior, tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Las medidas impactan en servicios básicos y en la continuidad de programas de investigación, extensión y acción social.
El comunicado, emitido el 15 de septiembre, señala que ante la falta de actualización de los gastos de funcionamiento, la UBA se ve obligada a aplicar un paquete de medidas para mitigar el crecimiento del gasto y evitar el incumplimiento de compromisos.
Entre las disposiciones inmediatas, se establece la no utilización de los servicios de aire acondicionado y calefacción en todos los edificios de la universidad, salvo en hospitales universitarios y en los espacios que requieren refrigeración para equipos tecnológicos. También se dispuso la suspensión del uso de gas en calderas, con las mismas excepciones.
Uso reducido de ascensores
Asimismo, los ascensores solo podrán ser utilizados por personas con movilidad reducida o en casos de emergencia. El documento advierte que las convocatorias de investigación, ciencia, técnica y extensión universitaria quedarán supeditadas a la disponibilidad presupuestaria, mientras que las acciones del programa UBA en Acción se limitarán exclusivamente a aquellas financiadas por organismos externos o aportes privados.
El comunicado detalla que estas medidas se suman a otras que la universidad viene implementando desde hace años, como la reducción de alquileres de edificios, la inversión en programas de racionalización del consumo de energía, gas y agua, la modernización en materia de seguridad edilicia y la firma de convenios con otros organismos públicos como ARSAT y EUDEBA para potenciar recursos.
Las universidades en la era Javier Milei
La resolución se enmarca en un escenario de ajuste presupuestario que, según las autoridades universitarias, compromete la continuidad de funciones esenciales en la UBA y obliga a limitar servicios básicos en medio de una crisis de financiamiento.
El gobierno de Javier Milei vetó la semana pasada la Ley de Financiamiento Universitario, lo que provocó en gran medida esta serie de medidas de emergencia.
En detalle, la ley establecía el llamado a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación; la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. También fijaba un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
Como respuesta al veto del Ejecutivo, estudiantes de la UBA oficializaron la convocatoria a la Marcha Universitaria Federal, que se realizará este miércoles 17 de septiembre.
Rechazo al veto
Con un video que ya circula ampliamente en redes, los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) oficializaron la convocatoria a la Marcha Universitaria Federal, que se realizará este miércoles 17 de septiembre frente al Congreso a las 17. En primer plano, cada alumno mira a cámara y explica por qué es clave defender la Ley de Financiamiento Universitario.
“Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la Universidad de excelencia que somos y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden”, dice uno de los estudiantes, mientras otros se suman con mensajes sobre la importancia de la educación pública para la sociedad y las familias argentinas.
El video subraya que la marcha “no es contra nadie, es a favor de todos” y llama a la comunidad a sumarse: “Te estamos pidiendo que vengas a bancar la ley de financiamiento universitario. Para seguir siendo los mejores, para seguir siendo tu orgullo. Porque Universidad Pública somos todos”.
