Desde los gremios de la Asociación de Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) y ATE Verde y Blanca señalaron al Consejo Directivo del organismo científico y a su presidente y vice, Juan Balbín y Mariano Bosch, por la falta de reacción y la llamativa pasividad que mostraron luego de la quita de 8100 millones de pesos realizada, vía DNU, por el Gobierno nacional.
Es que, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 740/19, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 29 de octubre de 2019, el Gobierno “tomó” $87 mil millones de organismos estatales, dentro de los que se encuentran los 8100 millones del INTA, para devolver a las provincias la reducción del IVA a los productos de consumo masivo.
Esa medida fue tomada por Mauricio Macri como iniciativa de campaña, para mostrarse “activo” ante el electorado en su intención de bajar la carga que representa la inflación para el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras.
Pues bien, de esa manera, para saldar la deuda con esos organismos, el DNU especifica que el Estado deberá emitir pagarés con fecha del 13 de diciembre, que tendrán que ser abonados por el próximo gobierno en marzo de 2020.
Ambos gremios representan, a nivel nacional, a los técnicos, ingenieros, científicos, especialistas e investigadores que trabajan en el INTA, y apuntaron que la decisión del Ejecutivo se enmarca en un plan de asfixia presupuestaria que viene padeciendo el organismo durante los últimos cuatro años.
Es que son numerosas las unidadades de extensión rural, centros de investigación y laboratorios del INTA que sufrieron cierres, cancelaciones de proyectos e inconvenientes para funcionar por la imposibilidad de continuar pagando los servicios básicos como luz y gas.
El Consejo Directivo
Por ello , ambos gremios le apuntaron de manera directa al Consejo Directivo del INTA que no dio respuestas formales, y mostró una abrumadora pasividad, tras la acción del Ejecutivo nacional, aún cuando las dificultades presupuestarias del INTA salen a la luz de manera constante.
Hoy el Consejo Directivo del INTA está conformado por Carlos Alberto Vera un productor agropecuario del norte del país y delegado federal del Distrito 9 (Chaco/Formosa) de la Sociedad Rural (SRA) quien desde febrero de 2018 ocupa el lugar del Ministerio de Agroindustria en el organismo descentralizado; Gustavo Daniel Fernández y Carlos Arzone (por las universidades nacionales); Alejandro Conci (AACREA), Elbio Néstor Laucirica (Coninagro), Alejandro Lahitte (CRA), Pablo Paillole (Federación Agraria Argentina) y Carlos Vila Moret (SRA).
El Consejo además, está integrado por el presidente y el vice del organismo, Juan Balbín y Mariano Bosch, respectivamente, completando los tres representantes del sector público y los cinco del privado.
En este sentido tanto APINTA como ATE Verde y Blanca, pusieron de relieve la necesidad de poner en discusión la representación de quienes integran el Consejo Directivo del INTA, que en la actualidad tiene como integrantes a miembros de la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, CONINAGRO, AACREA y CRA.
Es que, todas ellas son las entidades que representan a los sectores de la agroexportación, la siembra de soja y la agricultura intensiva en la actividad agraria, y consideran que parte del avance del Ejecutivo sobre el Presupuesto del INTA respondió la falta de representación de otros sectores.
Por eso, ambos gremios manifestaron la necesidad de incorporar la representación de sectores de la Agricultura Familiar y de los trabajadores del organismo científico para dar algo de peso a los sectores del campo dirigidos a los pequeños agricultores que abastecen el mercado interno.
Un nuevo Consejo Directivo
“Nos saquearon. El Decreto 740/2019 del Mauricio Macri nos quita 8.100 millones de pesos del presupuesto del #INTA que nunca nos autorizaron a gastar”, denunciaron desde APINTA, al tiempo que se interrogaron “¿El Consejo Directivo va a defender al INTA o seguirán ocupados en arreglar concursos y perseguir trabajadorxs?”.
APINTA calculó que “el monto equivale a 12 años del presupuesto del INTA para funcionamiento o a 7000 camionetas de doble cabina”, pero además denunciaron que “hoy no autorizan 50 millones para iniciar la nueva cartera de proyectos”.
Por otro lado, los trabajadores de ATE INTA acompañaron la presentación de un proyecto de Ley en la Cámara de Diputados, en junio, redactado por el ex presidente del CONICET, Roberto Salvarezza, donde apuntaban a “democratizar” el Consejo Directivo del organismo.
Pero, también, avanzaron con otra iniciativa para crear un Fondo Fiduciario del INTA, un fideicomiso para financiar gastos para la financiación de proyectos y progrmas de investigación, actividades de extensión, investigación, desarrollo de nuevas tecnologías.
Ya APINTA, también había reclamado esa posibilidad de incorporar un representante de los trabajaodres en el organismo, en un plenario realizado hace algo más de un mes.
Con ello, el Consejo Directivo del organismo científico quedó en la mira de las entidades gremiales internas.
