Ante las publicaciones periodísticas que advierten presuntas deficiencias en materia de seguridad industrial y control ambiental, la diputada nacional por el radicalismo (UCR), Brenda Austin, presentó pedidos de informe al Poder Ejecutivo Nacional, instando “a verificar de manera urgente las condiciones de funcionamiento de la planta ubicada en la ciudad de Córdoba”.
El día miércoles, la legisladora Brenda Austin (UCR) presentó en la Legislatura de Córdoba pedidos de informe dirigidos al Ministerio de Seguridad y a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, junto con un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo Provincial a adoptar medidas urgentes respecto de la planta industrial de la firma Dioxitek S.A., ubicada en el barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba.
“Se trata de una planta que opera en una zona densamente poblada y que arrastra antecedentes de incidentes, clausuras y prórrogas incumplidas. En ese contexto, el Estado no puede actuar con liviandad ni con opacidad: debe garantizar los máximos estándares de seguridad y un control permanente, efectivo y documentado”, sostuvo Austin.
Deficiencias de los sistemas de prevención en Dioxitek
Las iniciativas surgen a partir de una serie de investigaciones periodísticas publicadas en los últimos días, en el diario La Voz del Interior, en las que se describen observaciones técnicas vinculadas a presuntas deficiencias en los sistemas de prevención y combate de incendios, así como cuestionamientos en torno al estado del Plan de Gestión Ambiental de la empresa y a la negociación de una nueva prórroga para su permanencia en la ciudad.
En ese marco, la legisladora advirtió que la situación reviste “una gravedad institucional y ambiental significativa, en la medida en que se encuentra en análisis una eventual prórroga por ocho años más, decisión que comprometería a futuras gestiones y prolongaría la incertidumbre en la que se encuentran los vecinos de Alta Córdoba”. Asimismo, enfatizó que “la propia Municipalidad solicitó al Juzgado Federal interviniente el libramiento de un oficio a la Provincia para que las autoridades competentes informen sobre el estado de control y fiscalización de la planta.”
Pedido de informes a Córdoba
En el pedido de informe dirigido al Ministerio de Seguridad, Austin solicita información completa y documentada sobre inspecciones realizadas por la Dirección de Bomberos durante los años 2024, 2025 y 2026, el estado del certificado de habilitación vigente, las observaciones técnicas formuladas y el cumplimiento de eventuales intimaciones o plazos de adecuación.
El informe requerido también apunta a conocer si se evaluó técnicamente el almacenamiento permanente en el predio de sustancias inflamables o potencialmente explosivas, tales como metanol, hidrógeno, amoníaco, combustible JET A1, nitrato de amonio y ácido nítrico, y cuáles fueron los criterios aplicados para determinar la suficiencia de los sistemas de prevención existentes.
Pedido a la Secretaría de Ambiente
En paralelo, el pedido de informe dirigido a la Secretaría de Ambiente tiene por objeto conocer el estado administrativo del Plan de Gestión Ambiental de la planta, las actuaciones iniciadas en caso de no encontrarse aprobado, las inspecciones realizadas en los últimos tres años y las eventuales observaciones técnicas vinculadas al almacenamiento de sustancias peligrosas. Asimismo, se requiere información sobre la presentación de planes de contingencia ambiental ante derrames o incidentes y sobre actuaciones iniciadas frente a hechos que pudieran haber implicado riesgo para el ambiente o la población, así como el rol activo de monitoreo de posibles emanaciones que pudieran afectar la salud de las personas.
“La relevancia estratégica de la actividad nuclear no puede ser utilizada como argumento para relativizar controles ni para naturalizar prórrogas indefinidas. La ciudadanía tiene derecho a saber en qué condiciones opera la planta y qué medidas concretas está adoptando el Estado para prevenir riesgos, asumiendo un rol activo de monitoreo de las emanaciones que pudieran provocar un daño o una afectación en la salud de las personas. El principio de precaución obliga a suspender cualquier avance en una eventual prórroga hasta tanto se acredite de manera fehaciente el cumplimiento efectivo de todas las obligaciones ante la Dirección de Bomberos, la Secretaría de Ambiente y Policía Ambiental”, afirmó la legisladora.
Por otra parte, a través del proyecto de resolución, la legisladora insta al Poder Ejecutivo a que, mediante los organismos competentes en materia de seguridad industrial y prevención de incendios, verifique de manera inmediata las condiciones actuales de funcionamiento del establecimiento y exija las adecuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente. La iniciativa también propone la realización de una evaluación técnica externa e independiente que emita dictamen fundado sobre el grado de cumplimiento de las normas aplicables.
La presentación se enmarca en el ejercicio de la función de control que la Constitución Provincial confiere a la Legislatura, con el objetivo de contar con información oficial, completa y documentada sobre el estado de las habilitaciones, controles e instrumentos ambientales vigentes en una instalación industrial emplazada en zona urbana densamente poblada.
Según se indica en los fundamentos de los proyectos, la relevancia estratégica de la actividad desarrollada por la planta no excluye el cumplimiento estricto de la normativa provincial en materia de seguridad industrial y protección ambiental, ni el ejercicio pleno del poder de policía por parte de las autoridades competentes.
Finalmente, Austin aseguró que, “dada la urgencia y la relevancia pública del tema, solicitaré el tratamiento sobre tablas de los proyectos presentados en la próxima sesión legislativa de este jueves, a fin de que la Legislatura asuma de manera inmediata su rol institucional frente a una situación que demanda respuestas claras y verificables por parte del Estado provincial”.
Antecedentes y situación de la planta en Córdoba
Dioxitek S.A. opera en la ciudad de Córdoba desde el año 1982, dedicada a la producción de dióxido de uranio de pureza nuclear, insumo destinado al abastecimiento de las centrales nucleares argentinas.
En 1985, a partir de la modificación del régimen de uso de suelo en el ámbito municipal, la radicación de la planta en zona urbana quedó fuera del encuadre ordinario, lo que dio lugar a un esquema de habilitaciones transitorias, prórrogas sucesivas y compromisos de relocalización que no se concretaron en los plazos originalmente previstos.
En 2012 se formalizó el proyecto de traslado de la planta a la provincia de Formosa, con plazos determinados para su concreción. Sin embargo, el proceso no se materializó en los términos anunciados, registrándose paralizaciones y nuevas extensiones operativas en Córdoba. En 2014 incluso se produjo una clausura temporaria por incumplimiento de compromisos asumidos, que posteriormente fue revertida mediante acuerdos judiciales.
La última prórroga para su funcionamiento en la ciudad venció a fines de 2025 y actualmente se encuentra en negociación una nueva extensión por un plazo de ocho años. Este dato, según se desprende de los fundamentos de los proyectos presentados, pone nuevamente en debate el carácter transitorio que originalmente tenía la permanencia de la planta y refuerza la necesidad de contar con información oficial actualizada sobre las condiciones de habilitación, control y fiscalización ambiental y de seguridad industrial.
En ese contexto, y frente a la situación irregular en la que se encuentra Dioxitex, la continuidad de la actividad en una zona urbana densamente poblada exige un control administrativo y ambiental estricto y permanente por parte de las autoridades provinciales. Ello implica la obligación del Estado, en todos sus niveles, de garantizar los máximos estándares de seguridad y de brindar información clara y completa a la ciudadanía sobre el ejercicio efectivo de su rol de fiscalización, en atención al riesgo y a la magnitud de la actividad desarrollada.
